El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy jueves, 27 de agosto, la resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente relativo a la convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades locales de Cantabria para la elaboración de un censo y cronograma de retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto situados en sus respectivos términos municipales.
En concreto, cerca de 40 ayuntamientos cántabros se han beneficiado de estas ayudas, que han agotado los 150.000 euros de crédito presupuestario establecido para esta línea de subvenciones que tiene como objetivo apoyar a estas entidades a la elaboración de este registro de obligado cumplimiento, como así lo recoge la Ley estatal 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
En este sentido, Media ha recordado que actualmente tan solo dos municipios de la región (Ramales de la Victoria y Laredo) cuentan con este censo, por lo que ha subrayado la importancia de estas ayudas para «facilitar el trabajo y minimizar el coste que deberán asumir los ayuntamientos para su elaboración». Al mismo tiempo, también ha puesto en valor los beneficios que estas actuaciones supondrán para el medio ambiente y la salud pública.
Por otro lado, el consejero ha destacado que, tras el gran número de peticiones recibidas por parte de los ayuntamientos para poder beneficiarse de estas ayudas, su departamento no descarta la posibilidad de llevar a cabo una nueva convocatoria «que consiga dar respuesta a todas las solicitudes recibidas».
Características de este registro
La Ley estatal establece que cada ayuntamiento debe elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto que incluya un calendario en el que se evalúe su riesgo y se planifique su retirada segura. En su disposición adicional decimocuarta, la norma fija su entrada en vigor el 8 de abril de 2023, aunque actualmente solo dos municipios de la región cuentan con este registro. Tanto el censo como el calendario deben tener carácter público y se deben remitir a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la comunidad autónoma. En el caso de aquellas instalaciones de mayor riesgo, como emplazamientos de carácter público, deberán estar gestionadas antes del año 2028.
Para ello, cada municipio deberá realizar las inspecciones que sean oportunas para localizar e identificar los materiales con amianto. En una etapa posterior, para completar el proceso de diagnóstico, se valorará la prioridad sobre su retirada y se establecerá un calendario para su ejecución.
Dentro de este registro se incluirán viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas, locales de trabajo o cualquier otra construcción, hasta instalaciones industriales, redes municipales de abastecimiento de agua o, incluso, carreteras u otro tipo de infraestructuras.
