Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa el secretario general estatal de la Administración Local, Joan Gasull, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) en Cantabria, Javier Báscones
Comisiones Obreras (CC OO) ha advertido de que la reforma de la Administración local «va a la contra» del sistema democrático actual y del Estado del Bienestar, al tiempo que supondrá la pérdida de condiciones y derechos laborales. Sobre este último asunto, CC OO ha alertado de que en Cantabria implicará la desaparición de un millar de empleados públicos, de los 6.200 puestos que hay en los ayuntamientos. Javier Báscones, quien ha precisado que la Administración autonómica, con la situación de crisis y teniendo en cuenta los «recortes», no va a «hacerse cargo» de ese millar de puestos de trabajo, que se perderán, según ha apuntado, por servicios sociales básicos que «pueden desaparecer».
En este sentido, ha indicado que la pérdida de empleo afectará a servicios que prestan los municipios, como guarderías infantiles, aulas de dos años o escuelas de adultos, entre otros, lo que se unirá a «recortes» en los transportes y medios de comunicación, especialmente en los ayuntamientos más pequeños. También desaparecerá personal en el ámbito de la ayuda a domicilio, donde se impondrán tasas a los usuarios del servicio, según ha manifestado.A este respecto, ha apuntado que el impacto de la implantación de tasas e impuestos al ciudadano rondará de media los 400 euros por habitante en grandes ciudades, como la capital cántabra, aunque los datos «no difieren» de municipios de menos de 20.000 habitantes, donde sería de unos 350 euros, ha señalado Báscones.En cualquier caso, ha indicado que la reforma de la Administración local no sólo incidirá en este sector, sino también en el privado, ya que empresas que desarrollan diferentes proyectos y «viven» de los servicios públicos también se van a ver afectados.Tras recordar que Cantabria tiene una estructura «muy peculiar», ya que sólo uno de sus 102 ayuntamientos tiene más de 100.000 habitantes -Santander-, mientras que únicamente cinco superan los 20.000 vecinos, el sindicalista ha expresado que la región es «una isla» dentro de la reforma de la Administración local, pues el 95% de los municipios tienen poca población.Con todo ello, ha alertado que, además de la pérdida de empleos públicos, la reforma de la Administración local va a provocar «mayores diferencias» entre los ciudadanos.Al hilo de lo anterior, Gasull ha comentado que, de acuerdo con el anteproyecto de la reforma, el hecho de que los servicios se presten bajo «precios tasados» puede implicar que su coste sea el mismo en comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia, Extremadura o Cantabria, ha citado.Asimismo, cree que la introducción de tarifas implicará una rebaja salarial o de personal, al tiempo que planteará que la administración autonómica tenga que prestar directamente el servicio del que se hacía cargo la local o externalizar dicho servicio.»Nos tememos lo peor», ha confesado Gasull, para vaticinar la externalización de servicios, toda vez que a la administración le sale «más rentable». Se trata, ha dicho, de «un nicho que quieren abrir a la iniciativa privada».IneficienciaDespués de apuntar que 5.900 de los más de 8.000 ayuntamientos españoles -78 en Cantabria- son «ineficientes», ha apuntado que habrá que estudiar a qué se debe esa «ineficiencia», pues, a su juicio, muchos consistorios están en situación «precaria» precisamente por la «falta de financiación» de los servicios que están prestando. «Es muy fácil decir que son ineficaces sin entrar al fondo del porqué», ha apostillado.Por otro lado, ambos sindicalistas han señalado que en sólo 42 ayuntamientos de la región hay representación sindical que permita negociar convenios colectivos, lo que a sus ojos es «otro ataque» a los ciudadanos por parte del Gobierno, que está «jugando con mala fe y mala voluntad».Debido a todo lo anterior, CC OO puso en marcha el pasado mes de marzo una campaña informativa contra la reforma de la administración local, que ha incluido la presentación de mociones en los ayuntamientos o la recogida de firmas de los ciudadanos a través de Internet para pedir la nulidad del proyecto.CC OO denuncia que la reforma de la Administración Local perjudica a la ciudadanía y a los empleados públicosEl Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO denuncia que la reforma planteada por el Gobierno, plasmada en el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local, esta hecha con la finalidad de reducir la dimensión, proyección e intervención de los poderes públicos, con un fuerte impacto en los derechos laborales y en los servicios de la ciudadanía, y sobre la información y control público de la actividad económica.CC OO considera que el anteproyecto de ley declara el imperativo de favorecer la iniciativa privada para evitar lo que, a juicio del Gobierno, son “intervenciones administrativas desproporcionadas”, lo que constituye una declaración meramente ideológica que nada tiene que ver con la eficacia tanto en la prestación de servicios como en su gestión económica.Este enfoque limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español.El Estado pretende, con el pretexto de la crisis, anular a los ayuntamientos y por consiguiente reducir empleos públicos en las entidades que han mostrado una mejor adaptación a la crisis ya que, según los propios datos del Gobierno, su déficit ha sido del 0% durante el año 2012.Por todo ello, el Sector de la Administración Local de la FSC-CC OO considera que estamos ante un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de trabajo y la correspondiente supresión de servicios públicos, sin información ni evaluación veraz del impacto real en la efectiva prestación, extensión y calidad de los servicios públicos, mientras que el Gobierno oculta y esconde los informes en los que se basa para emprender y evaluar esta medida.
FUENTE CC OO
