Cantabria participa en el plan nacional para favorecer al comercio minorista

Se manifestó la intención del Gobierno de España de modificar el Código Penal para que el hurto en un comercio sea considerado un delito, en lugar de una falta, con lo que se pretende proteger al comerciante.
El Gobierno de Cantabria participara en el grupo de trabajo que se cree con el de España, más  el resto de las comunidades autónomas, Consejo Superior de Cámaras, Confederación Española de Comercio y otras organizaciones del sector  como medida de apoyo, dentro del Plan Integral,  para favorecer la competitividad del comercio minorista.
Este asunto ha sido tratado en la última reunión de la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid bajo la presidencia del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz y que contó, igualmente, con la presencia de la directora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Ana España, así como  representantes de todas las comunidades autónomas.
Se hizo un  balance sobre la  medida aprobada por el Gobierno de España el pasado mes de mayo por la que se eliminaron las licencias de apertura al pequeño comercio. Igualmente, se informó que se revisará el próximo mes de mayo, cuando se cumpla un año de su aprobación, tanto el umbral de superficie de los establecimientos comerciales y de servicios a los que se exime de la obtención de licencia (actualmente 300 m2) como el catálogo de actividades excluidas. Además, se está trabajando para el establecimiento de un régimen sancionador específico en caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley, de tal manera que las facilidades para la apertura de pequeños comercios no pongan en riesgo la seguridad de las instalaciones comerciales.
Se manifestó la intención del Gobierno de España de modificar el Código Penal para que el hurto en un comercio sea considerado un delito, en lugar de una falta, con lo que se pretende proteger al comerciante.
Se trató el estado de tramitación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, de forma que cualquier producto o servicio producido al amparo de una normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional. Este texto está recibiendo aportación de las autonomías y asociaciones empresariales y de consumidores y se han solicitado la solicitud de informes a distintos organismo del Estado. Una vez recabados estos informes, se elevará el texto nuevamente al Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes Generales.