Cantabria encabeza la firma de la declaración en favor de la actividad económica del tabaco

Ignacio Diego aboga por encontrar el «equilibrio necesario» entre la protección de la salud y la defensa de este ámbito que en España ocupa a 56.000 personas, en la cumbre de presidentes celebrada en Altadis.
Las Comunidades Autónomas de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Andalucía han suscrito hoy en la fábrica cántabra de Altadis en Entrambasaguas una declaración institucional de «apoyo unánime» al empleo y a la actividad en el sector del tabaco en España frente a las «graves consecuencias» que podría provocar en él la revisión de la normativa comunitaria que en estos momentos está planteando la Unión Europea.El documento lleva la firma de los presidentes de Cantabria, Ignacio Diego; de La Rioja, Pedro Sanz; de Extremadura, José Antonio Monago; de Canarias, Paulino Rivero, y del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, que han coincidido todos ellos en la necesidad de proteger a un sector que en España ocupa a más de 56.000 personas.En su intervención, Ignacio Diego ha señalado que esta iniciativa conjunta de seis comunidades españolas es un «ejercicio de responsabilidad» en un momento de  dificultad económica como el actual en el que el país necesita crear empleo y actividad, no al contrario.En este sentido, ha abogado por encontrar el «equilibrio necesario» entre la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, y la defensa de un sector derivado de la producción de un «producto agrícola legal» y de un proceso de transformación «perfectamente regulado».En el caso concreto de Cantabria, Diego ha destacado la especial vinculación de este sector con tradición e historia de la Comunidad Autónoma, y ha recordado la «incertidumbre» creada hace unos años ante el riesgo de deslocalización que corría la planta de Altadis en Cantabria, así como la movilización que hubo entonces para evitar la destrucción de empleo que hubiese supuesto aquella decisión.Finalmente, Ignacio Diego ha agradecido la presencia en Cantabria de los diferentes dirigentes autonómicos y ha confiado en que la declaración institucional firmada hoy contribuya a asegurar la actividad y el empleo de este sector en España.En la misma línea que el jefe del Ejecutivo cántabro se han posicionado el resto de presidentes autonómicos y el consejero andaluz. José Antonio Monago ha valorado la unión entre comunidades «en defensa de los intereses de los diferentes territorios, por el progreso económico y por las familias que viven del tabaco». Igualmente, Paulino Rivero ha expresado la necesidad de realizar «un esfuerzo para conciliar la protección de la salud con el mantenimiento de una actividad económica fundamental que genera trabajo y bienestar a las familias». Por su parte, Pedro Sanz ha subrayado la «apuesta conjunta» por defender un sector muy importante desde el punto de vista económico, social y cultural en muchos territorios de España.En representación del sector del tabaco, Fernando Domínguez, director general de Tabacalera, ha incidido en que esta Directiva puede causar un «perjuicio irreparable en el empleo y la recaudación» del mismo.Han estado presentes en la reunión, además, los alcaldes de Entrambasaguas, Rosendo Carriles, y de Medio Cudeyo, María Antonia Cortabitarte; el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de Extremadura, Antonio Echávarri; el director general de Tabacalera, Fernando Domínguez; el director general de Tabaco y Conveniencia Iberia de Logista; el presidente de la Comisión para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto; el presidente de CETARSA, Javier Gómez Darmendrail; el presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Mario Espejo Aguilar; el director general de ADELTA, Juan Páramo; el vicesecretario general de CEOE, José Isaías Rodríguez; el director de OITAB-Organización Interprofesional del Tabaco, Ricardo Miranda, y la directora de Asuntos Corporativos y Legales del Altadis, Rocío Ingelmo Heras.También han asistido al encuentro el vicepresidente Ejecutivo de CEO-Jofemar, Félix Guindulain; representantes sindicales y del Comité de Empresa de Altadis en Cantabria; un delegado de la Mesa Canaria del Tabaco, Carlos Hernández; el director de la fábrica de Cantabria de Altadis, José Ramón Suárez, y los directores generales de BAT, Marcelo Izzo; de Japan Tobacco International (JTI) Iberia, Daniel Torras, y de Philip Morris España, Mario Masseroli, entre otros miembros de la Mesa del Tabaco.La declaraciónLos representantes de las autonomías manifiestan en este documento su «preocupación» ante la revisión de la Directiva 2001/31/CE y las «graves consecuencias» que podría provocar para los intereses de España y la economía nacional y, en particular, en estas regiones.Por ello, los firmantes piden al Gobierno de España y a las instituciones con competencias en la materia su colaboración para que la futura norma comunitaria se elabore «de manera consensuada» con los agentes económicos y sociales implicados.Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Andalucía reclaman que esta Directiva «no afecte a la competitividad del sector y a su capacidad para generar y mantener puestos de trabajo», además de servir de «importante sostén a la economía de las regiones afectadas».Por su parte, las autonomías se comprometen a «favorecer la existencia de una industria tabaquera totalmente transparente, que tenga más en cuenta los derechos de los consumidores».Igualmente, defienden el cultivo del tabaco como «mejor alternativa» para asegurar el empleo, la fijación de población y la estabilidad de la económica local y de las familias que dependen de este sector en las comarcas productoras, teniendo en cuenta «la falta de una alternativa viable» para esta producción agrícola.En la exposición de motivos, las comunidades firmantes dejan constancia de la importancia del sector del tabaco en España en términos de creación de riqueza, generación de empleo y recaudación fiscal.Actualmente, nuestro país es el cuarto país productor de tabaco de la Unión Europea, con una superficie de más de 10.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y una producción anual de 35.000 toneladas. Este sector genera más de 56.000 puestos de trabajo y aporta 9.300 millones de euros anuales a la recaudación del Estado. Además, las distintas actividades vinculadas al tabaco producen un valor añadido de 2.700 millones de euros, lo que representa casi el 0,3 por ciento del total del valor añadido de le economía española.En ese contexto, la Comisión Europea presentó el pasado 19 de diciembre de 2012 una propuesta de revisión de la Directiva 2001/37/CE sobre los productos del tabaco. Esta propuesta tiene como objetivos mejorar el funcionamiento del mercado interior, garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, prevenir el inicio y reducir la prevalencia del tabaquismo entre los jóvenes.Cantabria, La Rioja, Andalucía, Extremadura y Canarias comparten «plenamente» esos objetivos pero consideran que la nueva normativa no ha tenido en cuenta el impacto económico que esas medidas pueden generar en términos de destrucción de empleo y de pérdida de riqueza.En estos momentos de crisis económica en la Unión Europea, estas seis regiones consideran que «cualquier reglamentación de esta actividad debiera prestar especial atención a su impacto en términos de creación y destrucción de puestos de trabajo y de tejido productivo, haciendo compatible la protección de la salud pública con el mantenimiento de puestos de trabajo».Por todo ello, llaman a «reconsiderar» las potenciales consecuencias negativas que algunas de las medidas incluidas en la Directiva pueden tener en el desarrollo de sus respectivos territorios.