Así acabaron con Caja Madrid PP, PSOE, IU y los sindicatos

UPyD -único partido que no formó parte del gobierno de las cajas, sino que reclamó la despolitización-, presentó en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Caja Madrid, su Consejo de Administración.
La desaparición de la entidad se debe, en gran parte, a una gestión irresponsable no profesionalizada, dirigida por órganos de gobierno elegidos por los tres partidos en función de sus propios intereses partidistas, y no del interés general, que es lo esperable en una entidad cuyo fin principal es el social.La ocupación de Caja Madrid por los partidos políticos supuso su utilización como una herramienta electoral, tanto por la Comunidad como por muchos de sus municipios, que la llevaron a acometer inversiones ruinosas, engordar la burbuja inmobiliaria o conceder créditos «de amigo”. Practicamente, el único futuro que aseguraron sus gestores fue el propio, al asignarse sueldos millonarios:17 directivos cobraron 71 millones en 4 años.
En los últimos meses, los medios de comunicación han sido escenario de un cruce de acusaciones entre representantes de unos y otros partidos sobre el hundimiento de Caja Madrid.Sin embargo, yen vista de que nadie asumía responsabilidades,tuvo que ser el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (el más pequeño de la Cámara madrileña) el que intentara –a lo largo de todo el año 2012 y empleando cuantas herramientas ponía a su alcance el sistema parlamentario- que la Asamblea de Madrid debatiera, investigara y depurara responsabilidades políticas por el cataclismo de la Caja.UPyD solicitó la apertura de una Comisión de Investigación sobre Caja Madrid, así comouna interpelación y un Pleno extraordinarioy monográfico sobre «el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid atribuyen al Gobierno de la Comunidad de Madrid”.Además, UPyD registró tres proposiciones no de ley;la primera de ellas, para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid iniciara expedientes de investigación y sanción por la gestión de Caja Madrid, pusiera en conocimiento del Ministerio Fiscal los datos que conociera de los que pudiesen derivarse responsabilidades penales y destituyera al Consejo de Administración; ytanto la segundacomola tercera, para que la Asamblea de Madrid instara al Gobierno regional a impulsar una Comisión de Investigación que analizase y evaluase las responsabilidades políticas derivadas de la situación de Caja Madrid en el momento de la creación del Grupo BFA-Bankia, así como a ejercitar sus competencias para la defensa y protección de los consumidores y ahorradores perjudicados por las llamadas «participaciones preferentes”.UPyD registró también las siguientes preguntas dirigidas a la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre (sólo la última fue admitida a trámite y por tanto, UPyD pudo formularla en el Pleno de la Asamblea de Madrid):
Por eso y ante la aparente impunidad de quienes habían perpetrado la ruina de Caja Madrid, así como la entrada fraudulenta de Bankia en Bolsa,UPyD presentó ante la Audiencia Nacional –el 11 de junio de 2012- una querella contra los consejeros de Bankia y BFA. Resultaron imputados 33 altos cargos de Bankia y BFA. El proceso sigue abierto.En la primavera de 2013, y en ausencia de la Fiscalía -que tendría que encargarse por iniciativa propia de iniciar este tipo de procesos con el fin de depurar responsabilidades-, UPyD sigue dando la batalla judicial y esta vez sequerella contra los gestores de las preferentes-«la mayor estafa de la democracia española» en palabras de la portavoz, Rosa Díez.Esta nueva querella se dirige contra el expresidente de la CNMV, Julio Segura; el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y los directivos de Bankia, Bancaja, Caja Madrid, Bancaja Eurocapital y el Banco Financiero y de Ahorros. Unos por acción y otros por omisión, permitieron, promovieron o estimularon la comercialización de las preferentes: un robo de la banca a los más débiles.