Arca denuncia el intento de fraude de ley que supone el proyecto de ley de derribos.

«El gobierno, en lugar de asumir su responsabilidad por haberlas permitido, admitir el error y corregir su práctica urbanística , intenta por todos los medios retorcer la legalidad vigente para evitar cumplir con la ley», dicen
ARCA,  en su comunicado de prensa,  calificamos de bochornosos los intentos del gobierno regional y otros grupos políticos del Parlamento Regional para continuar engañando a los propietarios afectados e intentar incumplir la ejecución de las sentencias de derribo.
Si existen sentencias de derribo es porque los tribunales han determinado la ilegalidad de las construcciones que se hicieron pese a las advertencias de ARCA. Pero el gobierno, en lugar de asumir su  responsabilidad  por haberlas permitido, admitir el error y corregir su práctica urbanística ,  intenta por todos los medios retorcer la legalidad vigente para evitar cumplir con la ley y hacer frente a sus responsabilidades.
Si el Gobierno quiere solucionar realmente el problema de los derribos, lo que tiene que hacer es indemnizar a los propietarios y ejecutar las sentencias. No hay otra solución, y lo demás es intentar engañar a  los propietarios y al resto de los cántabros.
ARCA considera escandaloso y patético que después de que el Tribunal Constitucional haya apreciado aspectos inconstitucionales en la modificación de la  Ley de Ordenación del Territorio y del Régimen Urbanístico aprobada por Cantabria en 2011, se intente seguir por el mismo camino de retorcer la legalidad, ahora con un proyecto de ley de derribos basado en un informe jurídico a la carta, y que abochornaría a cualquier estudiante de 1º de derecho.
Una vez más, con este proyecto de ley se pretenden rebajar las garantías ambientales, hacer una norma a conveniencia y arbitraria,  que lejos de solucionar nada, creará mayor inseguridad jurídica y nuevas sentencias en contra.
Hace muchos años que ARCA viene insistiendo en  la  necesidad de que en Cantabria  se aborde en serio de una vez por todas  la protección  del litoral y de sus recursos naturales, y para ello es imprescindible una ordenación racional del territorio. Mientras tanto, seguirá imperando la inseguridad jurídica, los pelotazos urbanísticos, y el saqueo de nuestros recursos naturales, que son un bien que pertenece a todos los cántabros, los actuales y los de generaciones futuras,  así como garantía de una actividad económica sostenible y diversificada.Si el gobierno y los partidos políticos siguen empeñados en retorcer la legalidad para ocultar su falta de voluntad  e incapacidad para conseguir un desarrollo urbanístico racional y respetuoso, nos van a encontrar siempre enfrente. Nosotros  si creemos en que la ley está para ser aplicada.