Diego y Mazas han explicado los detalles de una norma que trata de impulsar un tipo de sociedades que «se adaptan mejor a las circunstancias» y de dar a conocer el cooperativismo como «fuente de riqueza para Cantabria
La elaboración de esta norma se produce, según el presidente, tras haber abordado «lo urgente» y las «reformas estructurales» de la economía que eran «imprescindibles», en un momento en que lo «prioritario» es poder «ir implantando el programa del Partido Popular».
El presidente ha recordado que Cantabria era, junto a Canarias, la única Comunidad Autónoma sin normativa específica, lo que limitaba su capacidad para apostar «por un tipo de sociedad que se ha demostrado más fuerte, más sólida y se ha mostrado como el ejemplo paradigmático para alcanzar mejores ratios de competitividad».
De hecho, el presidente Diego ha explicado que la tasa de paro de las cooperativas es «seis puntos inferior a la tasa de paro general», lo que quiere decir que son sociedades que «se adaptan mejor a las circunstancias, que logran afrontar situaciones con mayor fortaleza, por la mayor implicación de todos sus socios, que son a la vez trabajadores».
Igualmente, Ignacio Diego ha señalado que, con esta Ley, se persigue un «objetivo paralelo» que es «dar a conocer el cooperativismo como una fuente de riqueza para nuestra Comunidad Autónoma, como una salida viable para multitud de proyectos que, quizá, bajo otra forma legal, tendrían más problemas para consolidarse».
El presidente ha recordado que históricamente el cooperativismo en Cantabria se ha ceñido al sector agroganadero, quedando todavía «por explorar» vías en el ámbito industrial o de los servicios. «Tenemos potencial, tenemos recursos humanos excepcionalmente preparados, tenemos recursos públicos que fomentan, hoy por hoy, la puesta en marcha de nuevas actividades», y quedaba legislar para «dar modernidad al sector, que hasta ahora debía adaptarse a una normativa estatal básica anquilosada y un tanto anacrónica».
A este respecto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha señalado que esta Ley trata de «atender las demandas del sector cooperativo regional», que, en su opinión, necesita «un texto moderno» frente a la regulación actual que data de 1999.
Para Mazas, la nueva norma «fomenta el cooperativismo» y está «en sintonía con el Gobierno de la Nación», que apuesta «estímulos a la economía social y el cooperativismo». Para la consejera, esta fórmula tiene una serie de ventajas para los socios, que pueden darse de baja o incorporarse voluntariamente, la gestión es «muy democrática», los socios participan en los órganos de la sociedad con los mismos derechos, la responsabilidad frente a los acreedores se limita al capital social, es obligatorio destinar parte de los beneficios al Fondo de Reserva y al Fondo de Formación y Promoción y tiene como «objetivo fundamental» el bien de todos los socios trabajadores.
Ignacio Diego y Cristina Mazas, durante la presentación (Foto: Raúl Lucio)
Además, continúa la consejera, los cooperativistas pueden acceder a ayudas por normativa especialmente favorable (fomento de economía social y capitalización del desempleo) y cuentan con «bonificaciones y exenciones fiscales» en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Impuesto de Sociedades.
Para Cristina Mazas, el nuevo proyecto de Ley genera «empleos estables» se ha demostrado que «en la crisis mantiene mejor el empleo». Además, señala la consejera, promueve «la cohesión y la inserción social» y «activa prestaciones y servicios nuevos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».
En el trámite parlamentario el Gobierno pretende, según el presidente, recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la misma tónica de búsqueda de consenso que se ha seguido para la elaboración de la norma. En el grupo de trabajo han participado, por parte de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo y Enrique Gadea, así como técnicos de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Cántabro de Empleo. Se han mantenido, además, reuniones de trabajo con las principales asociaciones de cooperativas de Cantabria (ACEL, Aecosal y ACES-Cantabria); con la patronal nacional de cooperativas (Cepes) y con los principales agentes económicos y sociales. En este sentido, el presidente Diego ha señalado que todas estas organizaciones han reconocido en esta norma «su ley».
Tal y como ha explicado Mazas, el proyecto de Ley está compuesto por cuatro títulos, 153 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales.
La norma delimita los tipos de cooperativas, con 14 clases de primer grado y tres cooperativas de segundo o ulterior grado, grupo cooperativo y otras formas de colaboración.
Entre el extenso contenido de la norma, Mazas ha explicado algunas novedades como que se establece un capital social mínimo de 3.000 euros, que, para que desembolso inicial sea menor, se podrá aportar en cuatro años y el primer año una cuarta parte. Además, la Ley fija que tenga que haber tres socios ordinarios como mínimo para constituir una cooperativa de primer grado, salvo en el caso de las cooperativas de trabajo que, «asumiendo una reivindicación del sector», se establece un mínimo de dos socios.
