64 millones del Gobierno para subvencionar obras municipales

El presidente Ignacio Diego considera que está medida «da aire» al sector de la construcción y garantiza la creación de «al menos» 1.038 puestos de trabajo y responde también a una «necesidad» de los ayuntamientos cántabros.
El Gobierno de Cantabria destinará 64,2 millones de euros para subvencionar inversiones en ayuntamientos de la región mediante el sistema de concurrencia competitiva. El presidente cántabro, Ignacio Diego, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, han presentado esta mañana esta línea de subvenciones que aparece publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Ignacio Diego ha destacado que esta medida «da aire» al sector de la construcción, uno de los que más se ha visto afectado por la crisis económica, y garantiza la creación de «al menos» 1.038 puestos de trabajo, según los parámetros de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (SEOPAN).
Asimismo, responde también a una «necesidad» de los ayuntamientos cántabros, a quienes ha asegurado que el reparto se hará de forma «controlada, calculada, justa, en libre convocatoria y en total ausencia de sectarismo».
El presidente cántabro ha explicado que el Gobierno regional financiará el 80 por ciento del gasto que asuman los municipios, que tendrán ahora 6 meses para presentar sus proyectos y un plazo de ejecución de los mismos que abarca desde octubre de este año hasta diciembre de 2015.
De esta batería de subvenciones podrán beneficiarse todos los municipios de la región, desde los más pequeños, con poblaciones de hasta 2.000 habitantes, que podrán acceder a 300.000 euros, hasta los 3,3 millones de euros que podrá recibir Santander en su condición de ayuntamiento más habitado de Cantabria.
Para Diego, se trata de «un paso más» en el objetivo del Ejecutivo de generar actividad económica y puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma y se suma a otras iniciativas ya puestas en marcha para favorecer la actividad del sector, como la ley que permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, la reforma de la Ley del Suelo, el impulso a la aprobación de los planeamientos urbanísticos municipales y las ayudas a la rehabilitación, entre otras.
«Hito histórico»
Por su parte, Francisco Rodríguez ha señalado que esta orden de subvenciones, que solo en ejecución movilizará en los dos próximos años más de 80 millones de euros en «cientos de obras», es un «hito histórico» en Cantabria porque es el primer plan de inversiones municipales fundamentado en la concurrencia competitiva y bajo el criterio de la «objetividad», ya que anteriormente, ha dicho, primaba la «subjetividad» en el reparto de este tipo de ayudas.
Según Rodríguez, con esta actuación se garantiza la «estricta gestión en el gasto público», ya que no se autorizarán ni modificados de obra ni liquidaciones finales, sino «únicamente el gasto ejecutado en función de la adjudicación de la obra». Por este motivo, ha matizado, se ha fijado un plazo de presentación de solicitudes amplio, de 6 meses, para garantizar que los proyectos que se presenten y posteriormente se escojan sean «los mejores».
El consejero ha apuntado que el Gobierno tendrá en cuenta a la hora de la selección cuatro criterios: la necesidad, la utilidad, la racionalidad en el gasto y la eficiencia energética. Además, en la evaluación de los mismos participará la Federación de Municipios de Cantabria para asegurar la objetividad y trasparencia del proceso.
Al igual que el presidente Diego, Francisco Rodríguez ha incidido en la necesidad de articular inversiones en obra pública para reactivar el sector de la construcción y dinamizar la actividad de los municipios de Cantabria, que deberán asumir tan sólo el 20 por ciento de los gastos y podrán beneficiarse de otro tipo de ayudas.
Por otro lado, ha subrayado que con este plan, y ante la incapacidad actual de la Consejería de Obras Públicas de realizar inversiones directas por la «hipoteca» recibida de los anteriores gestores, que obliga a destinar los pocos recursos disponibles al pago de obras ya finalizadas, el Ejecutivo conseguirá «dinamizar» el sector con actividad y empleo para las empresas y profesionales autónomos del sector.
Además, ha añadido, se darán facilidades de financiación a los ayuntamientos hasta que se hagan efectivas las subvenciones a partir de 2016, como la posibilidad de ceder los derechos de cobro a entidades financieras o bien a los propios contratistas para que sean éstos quienes asuman inicialmente el coste y posteriormente reciban directamente el abono del Gobierno.
«Es una orden de auténtica responsabilidad del Gobierno y de cooperación con los ayuntamientos», ha concluido el consejero.
La orden
En las bases reguladoras de la orden publicada hoy se señala que, con estas actuaciones, el Gobierno de Cantabria «trata de favorecer aquellas actuaciones que contribuyan a dinamizar la actividad económica y la creación y mantenimiento del empleo en el sector de la obra pública, fuertemente castigado por la crisis económica».
Las obras que el Ejecutivo regional subvencionará se refieren a aquellas inversiones de carácter municipal que tengan por objeto el alumbrado público, la pavimentación de las vías públicas, la construcción de parques e instalaciones de uso público, edificios públicos, tanto destinados al uso general como al funcionamiento operativo de los servicio, la urbanización, accesos a núcleos de población, accesibilidad en espacios públicos «y otras infraestructuras viarias que resulten necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal».
Los gastos subvencionables deberán realizarse en el periodo comprendido entre la fecha de adjudicación de cada contrato y el 31 de diciembre de 2015.
Por el contrario, la orden especifica que no serán objeto de aplicación los gastos referidos a la inversión en la promoción de viviendas protegidas, contratación de consultorías, asistencias técnicas y servicios; los gastos u honorarios de redacción de proyectos, presupuestos, memorias, relaciones valoradas o dirección facultativa; los producidos como consecuencia del incremento del precio del contrato, los derivados de expedientes de expropiación forzosa y de cambios de servicios afectados, y los gastos realizados fuera de plazo.
Asimismo, el gasto subvencionable se establecerá definitivamente sobre el precio de adjudicación de cada contrato, «aminorado, en su caso, por las modificaciones a la baja aprobadas durante la ejecución de cada contrato».
También se señala que la base de licitación de cada proyecto deberá ser superior a 50.000 euros y que la cantidad máxima que se podrá conceder a cada ayuntamiento será el 80 por ciento del gasto subvencionable, con los siguientes límites: 300.000 euros para los ayuntamientos de población menor o igual a 2.000 habitantes, 600.000 euros para los de entre 2.001 y 4.000 habitantes, 900.000 euros para los de entre 4.001 y 8.000 habitantes, 1,2 millones de euros para aquellos que tengan una población de entre 8.001 y 12.000 habitantes, 1,5 millones para los que poseen entre 12.001 y 20.000 habitantes, 1,8 millones para los de población entre 20.001 y 28.000 habitantes, 2,1 millones para los comprendidos entre 28.001 y 44.000 habitantes, 2,4 millones para los que tienen entre 44.001 y 60.000 habitantes, y, finalmente, 3,3 millones de euros para los de una población comprendida entre 124.000 y 188.000 personas.
En las bases figura que cada ayuntamiento «presentará una única solicitud de subvención, comprensiva del proyecto o proyectos para los que se solicitan las ayudas reguladas», y que el plazo de presentación de las solicitudes será de seis meses a partir del día siguiente de la publicación en el BOC de la orden, es decir, a partir de mañana, 6 de abril, y hasta el 5 de octubre, ambos inclusive.