Entró en vigor el 31 de enero de 1982 con la recuperación automática del nombre de Cantabria, de acuerdo con lo previsto en su disposición final.
POR JOSÉ RAMÓN SAIZ FERNÁNDEZ
El 31 de enero de 1982 –se cumplen ahora cuarenta años- entró en vigor laLey Orgánica del Estatuto deAutonomíapara Cantabria, aquel quefue posibleen 1981 y que sereformó a fondo en 1998desde la iniciativa de laCámara Legislativacántabra. Es importante conocer, por tanto, el calendario por el que transitó laLey Orgánica del Estatuto de Autonomía:aprobada por lasCortesGeneralesel 15 de diciembre de 1981, el 30 del mismo mes era sancionada por el rey; el 11 de enero de 1982 se publicó en elBoletín Oficial del Estadoy el 31 de enero entraba en vigor con la recuperación automática del nombre de Cantabria, de acuerdo con lo previsto en su disposición final.
Conviene evocar algunos de loshechosque acontecieron en aquellos inicios para darnos cuenta de la transformación de la autonomía desde 1982 a nuestros días. Con carácter previo, manifiesto que este testimonio lo hago en primera persona como testigo destacado de aquellas jornadas inaugurales, en las que había que colocar los cimientos de un edificio que carecía de diseño alguno. Se partía de cero en lainstitucionalizaciónde la nueva Cantabria que dejaba atrás la nomenclatura deProvincia de Santander, vigente desde 1833. Confieso que mucho se realizó en base a la improvisación, sustentada en buena parte en la ilusión y el sentido común. Casi con seguridad, la ruptura en el grupo de UCD nos llevó a esa improvisación que, afortunadamente, se superó eficazmente.
En cualquier reflexión sobre el funcionamiento del Estado, debe tenerse en cuenta que las autonomías uniprovinciales (a excepción de Madrid) cuentan muy poco a nivel del Estado. La razón para nosotros es obvia: nuestra población solo da cobertura para elegir cinco escaños en elCongreso de los Diputadosy a falta de estructuras institucionales donde todas las autonomías puedan estar en pie de igualdad, los partidos centrales del sistemamiran o mimana las comunidades autónomas en base a lo que representan en escaños y su valor numérico en el conjunto nacional.
La opción de Cantabria por una autonomía provincial vino favorecida por elpacto UCD-PSOEformalizado tras la aprobación de laConstituciónde 1978 y las elecciones de 1979, un pacto en este momento mucho más fortalecido al existirunanimidaden cuanto a criterios autonómicos entre los seis nuevos parlamentarios de UCD,hechodecisivo del proceso que, a su vez, debemos analizar o comentar tres consideraciones previas: los últimos años del franquismo, especialmente en materia de comunicaciones, fueron nefastos para la Provincia de Santander; segundo, desde capital se tardaba, hasta avanzados los noventa e incluso llegado el nuevo siglo, cinco horas en llegar a Oviedo o a León y, finalmente, laopcióncastellanase caía por su propio peso, no solo por el centralismo de Valladolid sino por la nula operatividad para Cantabria en cuanto a formar parte de una misma comunidad con provincias como Segovia, Ávila o Zamora. Si el debate autonómico se celebrara ahora mismo, con Oviedo y León a hora y media, probablemente la comunidad autónomamás forzadadesde el poder político de Madrid sería la constituida por Asturias, León y Cantabria, que tienen como nexo de unión losPicos de Europa, tan fuerte demográficamente que el País Vasco y Galicia.
Del abandono centralista de la provincia de Santander en materia de comunicaciones en los últimos años del régimen franquista, no existe duda alguna. Solo hay que repasar las informaciones enHoja del Lunesbajo la dirección de Juan González Bedoya para conocer a fondo ese panorama de absolutasoledaden inversiones. Puede servir este ejemplo: el 16 de octubre de 1982 –se cumplían seis meses derodajeautonómico- el Gobierno central –ya en vísperas de las elecciones generales del 28 de octubre- inauguró un tramo de carretera “provincial” que incluía un túnel en Las Caldas de Besaya. No había atisbo deAccesos a la Mesetaen forma de autovía. Carretera “provincial” a “secas” con algunos reformados. No voy a tratar aquí –ya lo he hecho con todo detalle en el libroCien Años de Asociación de la Prensa- lo que pudo significar en su conjunto la línea informativa deLa Hojaen estos años en favor de unEstatutoo de una alternativa más o menos definida de regionalización.
Fueron años aquellos en los que se anunció a bombo y platillo por varios ministros –Silva Muñoz, López Rodó y Fernández de la Mora, creo recordar- que había llegado lahora de Santander, pero lo cierto es que nunca llegó en forma de inversiones y menos en infraestructuras. De la Mora, hombre de crepúsculos y frases, nos dejó esta perla “voluntad de perfección sí, pero en la continuidad”. Menos mal queJuanitoNavarro actuaba en Santander con aquella obra de “¡Que vista tiene Calixta!”.Sin duda.
Recordando el proceso autonómico en la antigua provincia de Santander, solo elPartido Comunistahabía presentado en la campaña de las elecciones de junio de 1977 una propuesta propia de autonomía, un tiempo en el que una asociación como ADIC reconocida en mayo de 1976 (cuando el aparato franquista seguía intacto), concentraba sus propuestas en la exigencia de un concierto económico, sin referencia alguna, en ese tiempo, a un Estatuto de Autonomía. LasCortessurgidas de los comicios de 1977, aunque no habían sido convocadas como constituyentes, elaboraron unaConstituciónque dio solución a estas demandas y en suTítulo VIIIestableció una nueva organización del Estado en comunidades autónomas.
Celebrada –y aprobada por amplia mayoría- la investidura de José Antonio Rodríguez el 15 de marzo, elReal Decretode nombramiento no apareció en elBOEhasta el 7 de abril. Un trámite constitucional de no más de 48 horas, se transformó en una acciónintolerabledel entonces Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Se trataba por su parte de lograr que cesaran como concejales los diputados que no habían dado su voto a Leandro Valle, candidato oficial de UCD, ya que si los protagonistas “díscolos” perdían esta condición automáticamente cesarían como diputados de la antiguaDiputación Provincial. Fueron tres largas semanas en las que el criteriopartidistade Calvo Sotelo se puso por delante del propiamenteconstitucional.
Fue unaconfrontacióninstitucional que reflejó bien a las claras elabusodel poder central frente a la primera autonomíauniprovincialcon Asturias. Evidenció, sin duda, que Calvo Sotelo -que no se destacó precisamente por apoyar la autonomía para Cantabria- protagonizó estepulso absurdocontra el sentido común aún siendo consciente, a efectos jurídicos, que no tenía más opción que asumir la investidura del Presidente electo y elevar al rey para su ratificación elRDcorrespondiente.
Claro, que pueden preguntarmeen qué me baso para afirmar que Calvo Sotelo nunca quiso la autonomía de Cantabria. Lo explico. Como testigo de la Transición y de la etapa presidencial de Adolfo Suárez, evocaré dos hechos probados que me parecen suficientes. Por un lado, en el comité ejecutivo de UCD en el que se trató sobre las aspiraciones cántabras de unEstatuto de Autonomíatuvo que imponerse Adolfo Suárez para darluz verdeal proceso; sin embargo, los llamados barones -entre los que se encontraba su sucesor en la Moncloa-, deseaban paralizar el acuerdo deEstatuto de Autonomíapor lo que significaba como autonomía uniprovincial y sudesconexiónde Castilla.
Hay otro dato no menos trascendente que tuvo de protagonista a Justo de las Cuevas., miembro de la ejecutiva nacional y presidente de laAsamblea Mixtaque redactó el primer borrador deEstatuto. Cuando una vez aprobado acudió directamente a visitar a Landelino Lavilla, presidente del Congreso, para que se iniciara su tramitación parlamentaria, el presidente de la Cámara preguntó a De las Cuevas si el Presidente del Gobierno había dado el visto bueno, a lo que sin pestañear respondió afirmativamente, consciente de que si el partido había aprobado su texto era con elplacetdel Gobierno de Calvo Sotelo. Así salvó De las Cuevas un escollo que de haber ofrecido otra respuesta hubiese cambiado, probablemente, su futuro. Hay que tener en cuenta que Calvo Sotelo, tras el golpe de estado del 23-F –sin estar aprobado elEstatuto de Cantabria- intentó frenar las autonomías uniprovinciales a través de la famosaLOAPA-fracasada en elTribunal Constitucional- que intentabaarmonizar(ycontrolar) el Estado autonómico.
AUTONOMÍA VEJADAPOR EL PODER CENTRAL.
Fracasada toda laoperaciónCalvo Sotelo, durante los primeros meses de andadura se puede escribir que tuvimos una autonomía permanentementevejadapor el poder central. Por un lado, el Gobierno del Estado no estuvo representado en la toma de posesión de José Antonio Rodríguez y hasta septiembre no se nombró el primerDelegado del Gobierno,cargo de obligado nombramientoconstitucional. Además, durante los primeros meses no estuvo presente la bandera de Cantabria en las oficinas públicas de laAdministración del Estado. Por otra parte, los ministros de Calvo Sotelo acudían antes a la sede de UCD que a la de las instituciones autonómicas, hecho que, sin embargo, propició “plantes” necesarios como el que se hizo al ministro Mayor Zaragoza en la reivindicación lograda de laFacultad de Derechoque felizmente se puso en marcha en el curso 1982-83.
Aún así, este mismo año de 1982 sepactaronlas primeras transferencias a la Comunidad en una reunión que presidieron el ministro Rafael Aras Salgado y José Antonio Rodríguez, cuyos resultados se debieron mucho al trabajo del consejero de Economía, Serafín Fernández-Escalante gracias a sus excelentes relaciones con el segundo nivel del ministerio deAdministración Territorial.
Como miembro del primer Gobierno, recuerdo de aquellos inicios la tremenda lucha parapopularizarel nombre de Cantabria y que esta denominación se difundiera adecuadamente en los medios de comunicación nacionales desde el debido respeto a la letra delEstatutoo, el “sufrimiento” de observar día a día cómo las instituciones públicas -sobre todo las del Estado- no reconociera en sus edificios públicos la bandera oficial definida igualmente en elEstatutoa pesar de las numerosas reclamaciones. Viejas historias, muchas de ellasya superadas, porque en estos cuarenta años todo se ha ido asentando y son muchas las generaciones quesolo conocenel actual status político-administrativo de nuestro territorio.
Uno de los acuerdos programáticos más decisivo fue el de optar por un modelo de autonomíafuncional, obviando todo gasto innecesario. En este sentido, optamos por dos decisiones que con el tiempo se han variadoradicalmente: coste bajo de laAsamblea Regionalcon dietas y no sueldos (se mantuvieron las de laDiputación Provincial), en un pacto creo que muy provechoso con laMesa de la Asambleay, segundo, que los directores generales fueran funcionarios de carrera, imposición esta que limitaba mucho el poder de los consejeros y, por tanto, de los partidos políticos. Decisiones como éstas nos permitieron un primer presupuesto netamente inversor -65 por ciento del total- que hoy apenas supera el 30 por ciento con una deuda superior a los seiscientos mil millones de las antiguas pesetas (3.500 millones de euros). Si se me pidiese opinión en que se ha transformado cuarenta años después la autonomía contestaría indicando que estamos ante unaburocratizaciónabsoluta que ha marginado la esencia más enriquecedora del autogobierno: la simplificación administrativa.
Aceptando que una buena cantidad de ciudadanos consideran que el Estado autonómicoes caro-y llevan razón con el gasto innecesario que se realiza- se precisa reafirmar un principio que es esencial: la autonomía es aconsejable y necesaria, porque no conviene que intervenga en cada decisión más que quien es sujeto y ello no solo por una razón puramente económica. En este sentido, Cantabria ha ido perdiendo las bases que apostaron, a partir de 1982, por unaautonomía funcional, quenoresultara abusivapara el ciudadano y eso que con la línea marcada entonces se han evitado gastos escandalosos en televisiones autonómicas, consejos, empresas públicas (actualmente muchas de las que existen son innecesarias), embajadas, etcétera.Pero siendo esto importante, se haerradopoderosamente en asumir transferencias de competencias con gravesdéficitsque hemos tenido que cubrir con los dineros de los cántabros
(Continuará).
