Se ha abierto un debate, pero sin duda era necesario. Hay que revisar muchas cosas, escuchando a unos y a otros, pero actuando. Veamos. Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura y Medio Ambiente, ha elegido la ley de Costas como tema de su primera declaración pública de cierto calado. Su propuesta pasa por llevar adelante "una reforma muy profunda" de dicha ley, al objeto de que su articulado fuera "plenamente compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y la contribución a la crisis". El anuncio alarmó, de inmediato, a los grupos medioambientalistas, que lo consideraron una luz verde a la liberalización de la construcción en zonas costeras hasta ahora legalmente protegidas, dados sus valores naturales. Como siempre, ni quieren aceptar que la ley puede ser reformada garantizando que no habrá construcciones masivas y con varias alturas en la zona costera, sin duda muy castigada en zonas del Mediterráneo y Andalucía.
La voluntad de Arias Cañete es plausible en la medida en que se propone dinamizar la actividad económica y contribuir a superar la crisis. Si duda, que evitar los abusos es compatible con una nueva ley, más cuando las vigente fue en su día más fruto de la arbitrariedas en algunos casos -sobre todo cuando deciden los gobiernos autonómicos- que del necesario consenso y sentdo común. Por eso no puede extrañar que los inmovilistas estén representados por las asociaciones ecologistas, mientras que el criterio común pase por flexibilizar una ley defendiendo el paisaje.
No vamos a discutir que un grado de protección razonable de la costa obra en favor del interés general, al evitar una sobreexplotación del territorio que ha desprovisto ya de todo encanto demasiados parajes idílicos, insistimos, en las costas mencionadas, mientras en Cantabria por lo general la situación de la costa es razonable a pesar de la presión urbanística en muchos municipios costeros.
Precisamente en nuestra comunidad a los límites de la ley de costas -en algunos lugares abusivos- se suman los terrenos protegidos por el Plan del Litoral; es decir, miles de fincas privadas -algunas hasta uno o dos kilómetros de la costa- se encuentran afectadas y, por tanto, abandonadas. ´¿Por qué no ser racionales y permitir que en esos terrenos, al menos, se pueda construir una vivienda familiar, que no es especulación sino un derecho constitucional?. En Cantabria -en la etapa de Vicente Mediavilla, un consejero de Urbanismo que, sin embargo, parece que se benefició de "pelotazos" urbanísticos de un familiar- se actuó contra la propiedad familiar y los límites del POL fueron caprichosos, mirando más a quien beneficar y perjudicar.
¿Como no vamos a entender a los vecinos de Cerrías, afectados por los derribos de sus casas?. Además de construir en terreno apto, cuando se iniciaron sus casas la línea de costa estaba a veinte metros, pero se pasó a cien metros cuando entraron a vivir. Ahora son "ilegales", aunque en el fondo sea un grave dislate de nuestra justicia. Estos vecinos tienen derecho a que la línea de costa vuelva a sus orígenes y sus viviendas queden legalizadas. El recurso de la indemización pública de millones de euros es inadmisible.
Creemos, por tanto, en la necesidad de reformar la ley de costas, lo que es compatible perfectamente con defender y proteger la costa como bien público.
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