El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 inmigrantes en situación ilegal que ya se encuentran en España. La medida, pactada con Podemos, permitirá al Ejecutivo esquivar al Congreso de los Diputados, donde no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante la iniciativa por la vía ordinaria.
El anuncio del Gobierno se ha producido minutos después de que Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, hiciera público el acuerdo con el PSOE durante un acto celebrado en Madrid bajo el lema Regularización Ya. En dicho acto, Montero detalló que la medida permitirá obtener “papeles” a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país.
Según explicó la dirigente de Podemos, la acreditación de dicha residencia podrá realizarse no solo mediante el empadronamiento, sino también a través de otros documentos como informes médicos, contratos de suministro eléctrico o certificados de envío de dinero. Además, la mera admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año, así como la suspensión inmediata de los procedimientos de retorno o expulsión.
La iniciativa también contaba con el respaldo previo de Sumar, socio del Gobierno de coalición, que venía reclamando desde hace meses una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular.
Desde el punto de vista político, la regularización se interpreta como un movimiento del Ejecutivo para asegurar el apoyo de Podemos, uno de sus socios parlamentarios más críticos en las últimas semanas, de cara a la votación del decreto ómnibus prevista para este martes. Para que dicho decreto salga adelante, el Gobierno necesitará también el respaldo de otras formaciones como Junts, en un contexto de debilidad parlamentaria que ha llevado al Ejecutivo a recurrir nuevamente a la vía del real decreto.
