Hay momentos en los que la política debería dar un paso atrás. Momentos en los que el respeto, el silencio y la prudencia deben imponerse al cálculo partidista. La tragedia de El Bocal, en la que seis jóvenes perdieron la vida en Santander, es uno de esos momentos. Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha decidido hacer exactamente lo contrario: convertir el dolor en una herramienta de confrontación política.
Desde el primer momento, Fernández ha centrado su discurso en exigir la dimisión de la alcaldesa, Gema Igual. Una petición que, más allá de su fundamento o no, ha sido formulada con una rapidez y una agresividad que evidencian algo muy distinto a la búsqueda de responsabilidades: la búsqueda de rédito político.
Porque si de responsabilidades se trata, el PSOE no está precisamente en condiciones de dar lecciones.
La infraestructura de la zona litoral depende en buena parte del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Dirección General de Costas, una administración que está bajo control del Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, del propio partido de Fernández. Pretender que toda la culpa recaiga sobre el Ayuntamiento mientras se ignora deliberadamente el papel del Estado es, sencillamente, un ejercicio de cinismo político.
Pero lo más grave no es solo la manipulación del debate. Lo más indignante es el tono y el momento.
Mientras Santander lloraba a seis jóvenes, algunos dirigentes socialistas estaban a miles de kilómetros. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se encontraba en México junto a otros cargos socialistas. Entre ellos, la concejal santanderina Paz de la Cuesta. Ninguno regresó de inmediato a Cantabria tras conocerse la tragedia.
Y aun así, desde el PSOE se pretende dar lecciones de responsabilidad institucional.
La política tiene límites. O al menos debería tenerlos. Utilizar la muerte de seis jóvenes para atacar políticamente al adversario mientras se ocultan las propias responsabilidades y se ignoran los propios comportamientos es cruzar una línea roja.
Daniel Fernández ha sobrepasado todos los límites del respeto institucional y del respeto humano. Ha demostrado que, para algunos, la prioridad no es acompañar a las familias ni esclarecer lo ocurrido, sino sacar ventaja en el tablero político.
Quizá por eso, en lugar de exigir dimisiones con tanta ligereza, debería empezar por mirarse a sí mismo y a su propio partido. Porque cuando uno forma parte de un gobierno que también tiene competencias en el lugar de la tragedia, la exigencia de responsabilidades empieza por la propia casa.
Y en momentos como este, lo más digno no siempre es hablar más alto.
A veces, lo más digno es simplemente callarse.
