La tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander, que dejó seis jóvenes fallecidos y una herida grave, sigue generando un intenso cruce de reproches entre el Ayuntamiento de la capital cántabra y la Delegación del Gobierno, mientras las familias de las víctimas continúan esperando explicaciones claras sobre lo ocurrido.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha apelado este lunes a la “unidad, coordinación y trabajo” entre administraciones para esclarecer “cuanto antes” las causas del accidente. Casares ha asegurado que no quiere que las instituciones se tiren “los trastos las unas a las otras”, señalando que lo importante ahora es pensar “fundamentalmente en las familias”.
Sin embargo, en sus declaraciones también lanzó críticas hacia la alcaldesa de Santander, Gema Igual, al considerar que la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes contenía “mucha información contradictoria”. El delegado aseguró que no contribuirá a una “espiral de declaraciones públicas” y recordó que el caso se encuentra ya judicializado, por lo que será el juzgado el que determine responsabilidades.
Casares afirmó además que desde la Delegación del Gobierno se facilitará toda la documentación que requiera la Justicia e instó al resto de administraciones a hacer lo mismo para aclarar qué ocurrió con el mantenimiento de la infraestructura que terminó colapsando.
El Ayuntamiento carga contra Casares
Desde el Ayuntamiento de Santander, la respuesta no se ha hecho esperar. La portavoz del equipo de gobierno municipal, Margarita Rojo, defendió la actuación de la alcaldesa y criticó duramente la actitud del delegado del Gobierno.
Rojo subrayó que Igual “tuvo la valentía de comparecer ante los medios y ante los ciudadanos” durante los días que duró el operativo de rescate para informar de la situación, mientras que —según recordó— el representante del Gobierno de España en Cantabria permanecía en silencio porque se encontraba en México en un viaje relacionado con su partido político.
La portavoz municipal reprochó que Casares “hable ahora en estos términos después de permanecer callado durante todos estos días” y criticó también lo que calificó como “artes torticeras” por parte de la Demarcación de Costas, acusándola de filtrar documentos “sesgados” para intentar responsabilizar al Ayuntamiento.
Según el Consistorio, mientras la alcaldesa seguía sobre el terreno el dispositivo de rescate y atendía a los servicios de emergencia y a las familias de las víctimas, el delegado del Gobierno se encontraba fuera del país en un viaje que —según el equipo municipal— “nada tenía que ver con cuestiones institucionales”.
Una polémica que deja en evidencia a ambas administraciones
Más allá del intercambio de acusaciones, lo cierto es que la tragedia ha puesto el foco en la gestión y el mantenimiento de una infraestructura cuyo estado había sido cuestionado por algunos usuarios en los días previos al colapso.
Mientras el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno se señalan mutuamente, siguen sin aclararse cuestiones fundamentales sobre quién debía supervisar el estado de la pasarela y qué medidas se tomaron tras los avisos de su posible deterioro.
La polémica también ha dejado una imagen difícil de justificar: mientras Santander vivía uno de los episodios más trágicos de los últimos años, el delegado del Gobierno no regresó inmediatamente a Cantabria, permaneciendo en México durante los primeros días posteriores al accidente.
Ahora, con la investigación en manos de la Justicia, el esclarecimiento de responsabilidades será clave para determinar qué falló realmente en una tragedia que ha conmocionado a toda Cantabria y que muchos consideran que podría haberse evitado.
