La tragedia ocurrida en la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, que dejó varias víctimas mortales tras el desplome de la estructura, empieza a abrir un delicado debate político sobre las responsabilidades administrativas en el mantenimiento de la senda litoral.
En las primeras horas posteriores al accidente, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, pidió públicamente que la política no se convirtiera en protagonista del suceso y reclamó respeto hacia las víctimas y sus familias. En la misma línea se pronunciaron la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien se desplazó desde Madrid para seguir de cerca la situación.
Sin embargo, apenas un día después del siniestro, comenzaron a evidenciarse las primeras diferencias entre administraciones, especialmente en torno a una cuestión clave: quién tenía la responsabilidad de mantener en buen estado la pasarela y el conjunto de la senda costera donde se produjo el accidente.
Un pacto de contención política… por ahora
Tanto el Ayuntamiento como el Ministerio de Transición Ecológica comparecieron juntos para transmitir una imagen de coordinación institucional. De hecho, ambos responsables reconocieron haber acordado evitar la confrontación política mientras continúe la fase de rescate y búsqueda de víctimas.
«No nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase de rescate», aseguró la alcaldesa de Santander, quien insistió en que ahora la prioridad es atender a las familias y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Aun así, cuando los medios preguntaron directamente por la responsabilidad del mantenimiento de la estructura, ninguno de los dos quiso responder con claridad, remitiendo la cuestión a la investigación judicial.
La clave: si la obra fue recepcionada o no
El origen del desacuerdo radica en la situación administrativa de la senda litoral construida en la zona de El Bocal.
Desde el Ayuntamiento de Santander sostienen que la obra ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2014 nunca fue oficialmente recepcionada por el Consistorio, lo que implicaría que la responsabilidad del mantenimiento no habría pasado a manos municipales.
Por el contrario, fuentes del Ministerio aseguran que la primera fase del proyecto sí está finalizada y en uso, argumento que apoyan en el hecho de que la zona se encontraba abierta al público desde hace años.
Según estas mismas fuentes, aunque no se celebró un acto formal de recepción, la obra estaría legalmente terminada, lo que trasladaría al Ayuntamiento la responsabilidad del mantenimiento ordinario de la infraestructura.
Este punto resulta especialmente relevante porque un convenio firmado en 2004 entre ambas administraciones establecía que el mantenimiento de las instalaciones pasaría a ser responsabilidad municipal una vez recepcionadas las obras.
El Ayuntamiento insiste en que el proyecto quedó incompleto
La alcaldesa defendió que la actuación nunca llegó a completarse en los términos inicialmente previstos. Según explicó, el proyecto original fue paralizado tras las protestas vecinales y posteriormente se planteó una segunda fase más respetuosa con el entorno, que finalmente quedó archivada sin ejecutarse.
«Es una obra que no estaba finalizada y que debía completarse con otro proyecto que nunca se ejecutó», señaló Igual, quien reiteró que ahora corresponde a la Justicia aclarar todos los antecedentes.
La regidora también pidió prudencia ante las especulaciones sobre posibles responsabilidades. «Sería muy triste que alguien estuviera esperando un cuerpo para colocar dentro de un ataúd y empezar ya a discutir políticamente», afirmó.
El Gobierno central evita señalar responsables
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente defendió que todavía es prematuro hablar de causas o responsabilidades.
«Es difícil saber qué ha ocurrido exactamente y, por tanto, intentar encontrar responsables en este momento resulta complicado», explicó Hugo Morán, que insistió en que la prioridad es permitir que los investigadores recopilen todas las evidencias.
El representante del Gobierno central sí subrayó que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad compartida entre las distintas administraciones, aunque evitó pronunciarse sobre quién debía encargarse del mantenimiento concreto de la pasarela.
La investigación judicial marcará el camino
Mientras continúan los trabajos de búsqueda y análisis en la zona del siniestro, la Policía Judicial está recopilando pruebas para determinar qué falló en la estructura.
Tanto el Ayuntamiento de Santander como el Ministerio han anunciado que remitirán toda la documentación sobre el proyecto al Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que será el encargado de esclarecer las circunstancias del accidente.
La alcaldesa, además, expresó su deseo de que se pueda localizar el cuerpo de la última víctima desaparecida para cerrar esta primera fase de rescate y permitir que la investigación judicial avance con normalidad.
Mientras tanto, la tragedia de El Bocal amenaza con abrir un nuevo frente político entre administraciones, justo cuando Cantabria todavía intenta asimilar el impacto de uno de los sucesos más dramáticos ocurridos en su litoral en los últimos años.
