Otro directivo de Vitalia apunta que los sindicatos se lucraron con los ERE

Los autos de prisión se justifican en los motivos alegados por el fiscal Anticorrupción para pedir esta medida cautelar: el riesgo de fuga, de destrucción o alteración de pruebas y de contacto con otros implicados en la causa. Cohecho, prevaricación, malv

23-03-2013

Casi 24 horas ininterrumpidas estuvo la jueza Mercedes Alaya interrogando y decidiendo el destino de los ocho detenidos en la Operación Heracles que, tras declarar ante la Guardia Civil, pasaron a disposición judicial (otros 14 fueron puestos en libertad por la propia Benemérita). Todos están vinculados a las aseguradoras Vitalia y Uniter, con las que la Junta contrataba las pólizas de prejubilaciones de los ERE subvencionados, y al entorno del principal conseguidor de éstas, el exsindicalista Juan Lanzas, que según la jueza llegó a embolsarse 13 millones de euros de las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios de los ERE mediante un sistema por el que, según la Guardia Civil, se defraudaron al menos 50 millones de fondos públicos. De los ocho detenidos, Alaya ordenó el ingreso en prisión de cuatro: los exdirectivos de Vitalia en Barcelona Eduardo Pascual y María Vaqué, el cuñado de Lanzas Ismael Sierra y el testaferro de aquel Eduardo Leal. Los dos últimos podrán salir si pagan una fianza de 50.000 euros cada uno.
Se suman así al propio Lanzas, al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y al exdirectivo de Vitalia en Madrid Antonio Albarracín, que no fueron detenidos por la Guardia Civil –sí lo fue la mujer de Albarracín, que quedó libre con cargos tras declarar visiblemente afectada ante la jueza– sino que ya estaban imputados y fueron citados por Alaya dentro del mismo operativo. Pese a las maratonianas jornadas encadenadas desde el miércoles, Alaya aún no ha acabado. El lunes están citados Carlos Leal, abogado de Estudios Jurídicos Villasís, y José González Mata, administrador único de Uniter (su hijo también compareció ante la jueza tras su detención en la Operación Heracles pero quedó libre).
Los autos de prisión se justifican en los motivos alegados por el fiscal Anticorrupción para pedir esta medida cautelar: el riesgo de fuga, de destrucción o alteración de pruebas y de contacto con otros implicados en la causa. Cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental son los hechos imputados por Alaya a los siete encarcelados.
En cuanto a los directivos de Vitalia, la jueza cree que desde Barcelona debían conocer las actividades de su responsable en Madrid, Antonio Albarracín, que Alaya considera que se enriqueció personalmente con las sobrecomisiones que logró para la empresa por la tramitación de ERE subvencionados (un 15% superiores a la media del mercado) y que captó esas pólizas para Vitalia mediante dádivas y favores a Guerrero y Lanzas entre otros, además de pagar 4,3 millones a UGT y CCOO, no solo en metálico sino incluyendo a personas de su entorno como prejubiladas en empresas en las que nunca trabajaron (como la suegra de Guerrero y el propio Lanzas y su esposa).
Tanto Eduardo Pascual como María Vaqué declararon ante Alaya durante alrededor de dos horas cada uno la larga madrugada del viernes al sábado. Según fuentes del caso, en un momento del interrogatorio, Eduardo Pascual llegó a decir a la jueza que “si usted cree que esto era algo para ganar dinero, dígame dónde lo tengo yo” y que “si quiere saber dónde está el dinero pregúntele a los sindicatos y estos señores de Andalucía”. En su declaración, Albarracín dijo que fue María Vaqué quien le indicó que en los ERE subvencionados por la Junta “las comisiones fueran lo más altas posible para que no hubiera luego problemas con los pagos que hubiera que hacer” a los sindicatos –que se llevaban según él un 0,5%– y a Lanzas –un 5%–. Pascual aludió a Albarracín como un profesional que daba buenos rendimientos a Vitalia pero dijo desconocer las actuaciones que le atribuye Alaya para su enriquecimiento personal y las dádivas y favores que usaba para lograr captar trabajos.
Según los exdirectivos de Vitalia, hasta 1995, el 66% del volumen de negocio de Vitalia venía de Andalucía y el 33% del resto de España pero a partir de ese año, Uniter empezó a quitarles los ERE de grandes empresas.
La defensa de ambos, al igual que la de Albarracín y Guerrero, recurrirán la medida cautelar de prisión ante la Audiencia, una medida que no ha adoptado la Audiencia Nacional en la causa que Pascual tiene abierta por blanqueo y estafa como propietario de Eurobank y por la que el fiscal le pide ocho años de cárcel.
Las defensas de Vaqué y Pascual, que pasaron a disposición judicial a las tres y las siete de la mañana respectivamente, también estudiaran si “puede haber un exceso en el tiempo de la detención” ya que Alaya les notificó el auto de prisión más de 72 horas después de su arresto. La Fiscalía sostiene que, al ser una detención policial, hay 72 horas para pasar ante el juez y éste tiene otras 72 para decidir pero los letrados consideran que “todo apunta a que es un operativo de la Guardia Civil dirigido por el juzgado”, por tanto una detención judicial, y alegan que hay jurisprudencia al respecto que impide en esos casos sumar ambos plazos.

empresas pantalla //  En el caso del cuñado de Lanzas, que se acogió a su derecho a no declarar, figura como administrador de Maginae Solutions, una de las empresas del entramado de entidades pantalla creado por Lanzas y su entorno que facturaban por servicios de mediación en los ERE que no realizaban y que, según la investigación, llegó a pagar en 2006 viajes a Shangai y Egipto a Guerrero y su esposa junto con Lanzas y su mujer por valor de 11.000 euros.
Eduardo Leal es considerado por la jueza Alaya uno de los testaferros de Lanzas que según la Guardia Civil recibió al menos 1,5 millones de euros como administrador de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales y 362.500 euros a través de Distriparck, todas ellas empresas pantalla presuntamente creadas por Lanzas para emitir facturas falsas por informes y servicios de mediación en los ERE que no se realizaron. Eduardo Leal se limitó a ratificarse en lo declarado ante la Guardia Civil tras su detención. Fue su declaración la que llevó al Instituto Armado a rastrear con georradares el pueblo de Lanzas, Alberchez (Jaén) en busca de un zulo en el que pudiera encontrarse dinero en efectivo, tras hallar 82.000 euros en sobres bajo su cama en el registro de una de sus casas.

MÁS IMPLICADOS A LA CÁRCEL

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo vinculado a los fondos públicos, ha enviado este sábado a prisión a los dos últimos detenidos de los 22 arrestos que se han registrado en la operación contra las sobrecomisiones ilegales vinculadas con los ERE. Los últimos encarcelados a los que la juez le ha notificado su encarcelamiento pasadas las 15:30 de este sábado son los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, esta última directora general y administradora de la empresa. Con esta decisión, son ya siete las personas que han sido encarceladas en el marco de la operación que ha destapado el desvío de más de 50 millones de fondos públicos y que se ha saldado con 31 personas imputadas y 13 registros practicados.

El último en declarar ante la juez, que terminó a las 09:00 de este sábado, ha sido Eduardo Pascual, quien ha defendido su inocencia. “Si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía”, ha dicho Pascual. Este imputado ha añadido que hasta 2005 el 66% del negocio de Vitalia correspondía a Andalucía y, a partir de esa fecha, se invierte la situación y el resto de España es el que pasa a liderar el negocio de la mediadora.

Esta misma madrugada la juez ordenó el ingreso en prisión del cuñado del conseguidor de los ERE, Ismael Sierra García, y del presunto testaferro Eduardo Leal del Real, que figura en empresas vinculadas a Juan Lanzas Fernández, aunque en estos dos últimos casos la medida de prisión es eludible si cada uno abona una fianza de 50.000 euros. Los abogados defensores ya han apuntado, sin embargo, que no saben si podrán reunir dicha cantidad.

El viernes, la juez dejó en libertad a otros seis imputados, y el lunes por la tarde tiene previsto tomar declaración a otros dos imputados, el abogado Carlos Leal Bonmati, del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y al administrador único de Uniter, José González Mata.

La juez Alaya considera que Juan Lanzas, el principal imputado en esta fase de la investigación y al que atribuye haber cobrado presuntamente más de 13 millones en sobrecomisiones, utilizó la empresa Maginae Solutions de su cuñado, Ismael Sierra, como parte del entramado societario utilizado en el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y también habría sido utilizada esta sociedad para pagar los viajes a Shangai y Egipto con los que supuestamente el conseguidor de los ERE “premió” la colaboración del que fuera director general de Trabajo durante nueve años Francisco Javier Guerrero Benítez.

Un informe de la Guardia Civil previo a la declaración del secreto de las actuaciones, que se acordó en noviembre de 2012 –cuando la juez Alaya aún estaba de baja por enfermedad- recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habría recibido Eduardo Leal del Real, que figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, y otros 362.500 euros en el caso de Distripack Transporte Urgente, sociedad en la que Eduardo Leal figura como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín, también supuesto testaferro y que está en prisión desde enero pasado.

A lo largo del viernes, la instructora dejó en libertad con cargos a María José Marcos Férriz, esposa del ex director de Vitalia; a José González Torrente, hijo del administrador único de Uniter; a Roses Masa Dalmau, administradora de Fortia; a Gregorio Martínez Piñero, amigo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que fue durante un tiempo comercial de Vitalia; a Patrocino Sierra García, esposa de Juan Lanzas; y al ex chófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo.

Todas estas actuaciones judiciales se han desarrollado en unas intensas 24 horas ininterrumpidas por parte de la juez Alaya, que llegó el viernes poco antes de las 16:00 a los juzgados –la noche anterior habían finalizado las declaraciones a las 07:00- y que tras pasar toda la noche en su despacho por segunda vez ha abandonado la sede judicial sobre las 16:00 de este sábado.