La Fiscalía del Supremo exige a notarios y registradores devolver el dinero cobrado de más en la cancelación de hipotecas

 

 

La Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a todos los notarios y registradores de España exigiéndoles que devuelvan lo cobrado de más a cientos de miles de clientes cuando cancelaron sus hipotecas, según consta en la resolución de 31 de octubre comunicada a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La Fiscalía había suspendido las diligencias incoadas mientras el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores. Una vez conocida la sentencia del 10 de octubre del Alto Tribunal, la Fiscalía ha reabierto el caso.

En su escrito, la Fiscalía toma esta decisión “para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Constitución Española”, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. A juicio de la OCU, los notarios y registradores ya no tienen excusa "para demorar ni un minuto más la devolución de todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores. En su momento, el colectivo de notarios y registradores declaró que quedaba a la espera de que la Justicia determinara la aplicación de los aranceles que debían cobrar al consumidor. Pues bien, ese momento ha llegado y ahora  la Fiscalía no hace sino recordarles la obligación que tienen de devolver las cantidades cobradas de más". A su juicio, solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros al año.

La OCU, por su parte, va a dirigir un escrito al Ministro de Justicia y a la propia Dirección General de Registros y Notariado para conocer qué pasos piensan dar a partir de ahora. Confiamos en que estos profesionales no se escuden tras nuevos recursos y estrategias dilatorias y comiencen una devolución ordenada de todas las cantidades irregularmente cobradas, al menos durante el período comprendido entre diciembre de 2007 y mayo de 2012. Hay que recordar que según los datos del INE en este periodo se han cancelado más de 1.600.000 hipotecas sobre viviendas.

Tras su estudio, llevado a cabo en septiembre de 2011 en el que se detectaban cobros excesivos en el 92% de las facturas analizadas, la OCU presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigara  la conducta irregular de notarios y registradores y para que, en su caso, se devolvieran a todos los clientes los importes cobrados de más. 

Hay que recordar que desde el cambio normativo de 2007 y hasta mayo de 2012, fecha en la que el  actual Gobierno volvió a subir dichos aranceles, el notario tenía que cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, fuese cual fuese el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de diez páginas no debería costar más de 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU era de 260 euros.

En cuanto al registrador, este debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a cero cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%. El resultado son 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 euros y no de 144 euros, como comprobó en su día la OCU.