Inician una recogida de firmas en defensa de un servicio público "para todos"
CC OO, CSIF, STAJ y UGT, los más representativos de la Administración de Justicia, han iniciado ayer 3 de diciembre, una recogida de firmas en Cantabria en defensa del servicio público de la justicia "para todos" los ciudadanos
04-12-2012
La campaña, que comenzó a las doce del mediodía ante la puerta del complejo judicial de Las Salesas de Santander, consiste en la recogida de firmas entre ciudadanos, profesionales y empleados públicos, y se extenderá en días sucesivos al resto de partidos judiciales de la región.
Además, estas formaciones sindicales avisan que convocarán movilizaciones en diciembre y enero, y el próximo 12 de diciembre habrá concentraciones en todas las capitales de provincia, entre las 12 y las 13 horas ante las puertas de los centros de trabajo.
"Defendemos que la Justicia siga siendo un servicio público que garantice el acceso a la misma de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, tal y como proclama la Constitución, que garantiza el principio de tutela judicial efectiva", señalan los sindicatos, que se oponen a la ley de tasas judiciales porque "crea una justicia solo para una minoría privilegiada e impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad por no tener los recursos que dicha ley establece".
Asimismo, denuncian que la Administración de Justicia "ampare a los causantes de la crisis económica, como la gran banca, que con sus demandas privan a millones de ciudadanos de un derecho fundamental como es la vivienda".
De igual modo, los sindicatos con mayor representación en el sector critican el "oscurantismo y despotismo" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia, "despreciando soberanamente a los profesionales y empleados públicos que día a día somos los que mantenemos en pie el servicio público".
Así, se oponen a otros proyectos del Ministro que van a suponer, como avisan, un "encarecimiento" de la justicia para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora se prestan de forma gratuita, al ser un servicio público indispensable.
Por todo lo anterior, estos sindicatos hacen un llamamiento a todos los profesionales de la Administración de Justicia, -jueces, fiscales, abogados, procuradores, etc.- y, también, a usuarios del servicio, organizaciones sociales de defensa de los derechos ciudadanos, y a todos los empleados públicos que trabajan en el sector para "defender este servicio público indispensable" ya que, como concluyen, "sin justicia no hay derechos".