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Los empresarios, Zapatero y la polémica por la decisión de Mediavilla de aspirar al TSJC

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EMILIO BOTÍN Y OTROS GRANDES EMPRESARIOS han terciado en el debate político y se han posicionado para que Zapatero no convoque elecciones anticipadas -que es su deseo para no marcharse antes de tiempo para casa- dando prioridad a la economia. Por otra parte, el debate local se centra en la aspiración de Vicente Mediavilla de alcanzar la plaza de magistrado del TSJC que no favorece, precisamente, al PRC en este contexto electoral en el que ya estamos inmersos. Pasar de la política activa a la judicatura no es regeneracionismo, sino todo lo contrario, de ahí que el mensaje de Miguel Ángel Revilla pierda puntos al permitir esta aspiración de su pupilo en la organización del partido. La Cantabria real está perpleja que esto pueda ocurrir. Más adelante comentamos la polémica.

Sobre la reunión de ayer de Zapatero con los empresarios se pueden extraer algunas conclusiones.Hundido el presidente en todas las encuestas electorales, con los barones del partido con los nervios a flor de piel porque no anuncia que no volverá a ser candidato en las próximas elecciones y, finalmente, con una fatigosa guerra de guerrillas para apartar de la sucesión al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba –el candidato más valorado por la opinión pública–, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero recibió ayer un matizado apoyo del poder económico español. No fue, obviamente, un respaldo masivo; ni tan siquiera cabe hablar de un alineamiento a favor de su continuidad al frente del Ejecutivo tras las elecciones. Sí, en cambio, hay que pensar, por lo que se dijo ayer en el interior del palacio de la Moncloa, que el poder económico se inclina con muy pocos matices por que se sigan haciendo nuevas reformas antes que convocar elecciones generales, como reclaman abiertamente el Partido Popular y su presidente, Mariano Rajoy. Es muy posible que en el ánimo de los grandes empresarios esté también el alejamiento –¿definitivo?– de España del foco principal de la crisis pese a la caída de nuestro vecino Portugal. Concluyendo, los empresarios le han otorgado un respiro a Zapatero, que no será muy largo ante la gran debacle electoral que espera a los socialistas a la vuelta de la esquina.

Retomamos la aspiración de Mediavilla a ser magistrado del TSJC. Desde un punto de vista formal de la separación de poderes, no es ética ni estética, aunque pueda ser legal, que lo es. También fue lícita la vuelta de Garzón a la judicatura cuando dejó de ser diputado del PSOE y alto cargo de un Gobierno de Felipe González; sin embargo, la opinión pública española consideró que no era razonable que un magistrado contaminado por la política partidista regresara a su puesto. En el caso de Mediavilla, hay que decir lo mismo. No puede pasarse del coche oficial de consejero a maistrado de una sala especial del TSJC que, además, tendría competencia sobre los aforados (entre ellos sus oponentes políticos hasta ahora), como ocúrrió con el juicio a Hormaechea en el que intervino Mario García Oliva, anterior concejal socialista que había firmando, en su momento, una moción de censura contra el entonces alcalde santanderino. Menos polémico fue el nombamiento de Santiago Pérez Obregón: había sido consejero del primer Gobierno de Cantabria quince años antes de ser elegido; además, llevaba varios años lejos del PSOE y, finalmente, contaba a su favor con una dilatada carrera como abogado de prestigio. Por otra parte, siempre fue cauto en sus declaraciones una vez que apareció como candidato, el menos votado en el Parlamento cántabro pero el elegido por el Consejo General del Poder Judicial.

Es indudable que Mediavilla podría optar a este puesto pasado un tiempo y lejos ya de la actividad política partidista, pero no ahora. Sale contaminado para una responsabilidad que exige credibilidad de independencia y apartidismo. Nos imaginamos que el PRC habrá valorado las consecuencias, que pueden ser importantes y más aun si se mantiene en el cargo de consejero hasta su posible nombramiento como magistrado. No entendemos cómo el PRC que debiera eliminar polémicas en su camino hacia el 22-M, abre este tipo de vías de agua con su electorado, tanto el que pueda ya tener como aquel por el que debe luchar para seguir detentando el poder.

Podríamos entender que Mediavilla mantuviera el puesto para ser, dentro de unas semanas, Defensor del Pueblo, por ejemplo. En este caso, se podría afimar que no sería estético, pero no más. Pero para acceder a magistrado, nos parece un espectáculo no deseable para el Estado de Derecho, más cuando la independencia judicial está muy cuestionada por los ciudadanos. El PRC debiera corregir lo que nos parece un grave dislate que puede tener más repercusión en las urnas de lo que algunos puedan creer. El problema es que este asunto ya es un problema y no tiene facil solucción salvo deducir que para el PRC no es conveniente esta polémica en las actuales circustancias.

LIBERTO

 

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