Entrevistas

30 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANTABRIA

Con el inicio de la transición hacia la democracia (1976), en España comienzan a surgir nuevas demandas para el reconocimiento del autogobierno de algunas regiones derivadas de un sentimiento regionalista y nacionalista, en parte heredado y expresado en otras etapas democráticas. Estas reivindicaciones motivaron que el primer Gobierno de Unión de Centro Democrático –surgido de las elecciones de 15 de junio de 1977- presidido por Adolfo Suárez, impulsara una profunda reforma administrativa y territorial del país, cuyo alcance político-jurídico definió la Constitución Española de 1978.
Cantabria no fue ajena a estas demandas y tras unos primeros avances –inicialmente minoritarios- en pro de un concierto económico, a partir de 1976 se abrió un debate regionalizador al margen de Castilla,  que tras las primeras elecciones democráticas desembocó en la petición de un Estatuto de autogobierno.

El 31 de enero de 1982, Cantabria estrenó su autogobierno al entrar en vigor la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía que habían aprobado las Cortes Generales el 15 de diciembre de 1981. Una jornada histórica en la que también entró en vigor el Estatuto de Asturias, comunidades que se adelantaron en su acceso al autogobierno a otras regiones importantes en territorio y población. De nuevo, Cantabria y Asturias juntas en un hecho histórico, en esta ocasión de finales del siglo XX, lo mismo que en otros tiempos en los que también unieron esfuerzos y otros valores épicos para luchar contra los romanos o los árabes, y alumbrar desde el pequeño reino de Liébana el inicio de una nueva realidad nacional llamada España.

A esta jornada de entrada en vigor del Estatuto de Autonomía se había llegado después de que el 30 de diciembre de 1981, el Rey Juan Carlos I  sancionara en Baqueira Baret,  su lugar de vacaciones blancas, la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria que dos semanas antes habían aprobado las Cortes Generales por amplísima mayoría (1).  El 11 de enero de 1982 se publicó en el Boletín Oficial del Estado y, finalmente, el 31 de enero entraba en vigor el texto estatutario. Se trata de tres jornadas importantes en el proceso de  institucionalización de Cantabria como Comunidad Autónoma.

El 12 de enero, el día después a la publicación de la Ley Orgánica del Estatuto en el Boletín Oficial del Estado, en Alerta se difundieron las posturas políticas de los dos partidos más importantes: desde UCD, partido mayoritario en Cantabria, se anunciaba la voluntad de gobernar en solitario, y desde el PSOE se pedía un gobierno de coalición para dirigir los primeros pasos del autogobierno, comprometiéndose a elegir un candidato que no perteneciera a su formación política, información que compartía página con la feliz noticia de que “la santanderina Elena Quiroga, candidata a la Real Academia de la Lengua” para cubrir la vacante de José María Pemán.

El estreno de la autonomía coincidió con una carta pastoral del obispo de la Diócesis santanderina, Juan Antonio del Val Gallo, que alentó los pasos regionalizadores que se habían emprendido como hecho de convivencia solidaria, pacífica y democrática.
Este alumbramiento oficial de la autonomía –un hecho histórico para Cantabria y los cántabros- coincidió con una situación de grandes problemas e incógnitas a nivel nacional y autonómico. Puede parecernos increíble, pero en los cuatro años que discurren entre 1978, cuando se aprobó la Constitución, y 1982, año en el que el Estatuto entró en vigor, nuestro país vivió el azote del terrorismo con una virulencia inédita. Sólo de ETA, hubo en ese periodo 251 atentados, con 309 víctimas mortales; del Grapo, 39 atentados, con 50 víctimas mortales y unos 120 heridos, y de la extrema derecha se contabilizaron 20 atentados y 28 víctimas mortales. Un balance terrible de cuatrocientas muertes violentas, al que hay que sumar un alto número de heridos (2).
Quiere decir ésto que el contexto nacional en el que se debatió el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cantabria fue realmente complejo y difícil, pero la voluntad democrática y autonómica de los partidos políticos, de los Ayuntamientos y de la Diputación provincial, representantes democráticos de los ciudadanos, terminaron por imponerse en este complejo proceso de conquista de la autonomía.
Desde el punto de vista económico, la situación era también difícil. La inflación oscilaba entre el 14%  y el 24%. Cuando se aprobó el Estatuto en las Cortes Generales el 15 de diciembre de 1981, el desempleo alcanzaba el 17%, la tasa de paro mayor de Europa. Además, coincidiendo con el inicio de la autonomía se dio a conocer oficialmente que Cantabria había perdido  tres puestos en la clasificación renta per  cápita en el periodo 1977-79; así, del puesto doce entre las cincuenta provincias españolas en 1977 se pasaba al puesto quince dos años después (3).
Nuestro país estaba en total recesión, todo ello en un escenario político nacional de inestabilidad permanente que no ayudaba nada en el objetivo modernizador de España.  En tan poco tiempo, vivimos varias crisis y remodelaciones de gobierno; un voto de confianza, una moción de censura, la dimisión de un presidente y la investidura de otro, la disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. A este escenario hay que añadir un golpe de Estado, alguna otra intentona militar, dimisiones de generales por desacuerdos políticos, arrestos y ceses de altos cargos del Ejército por actos de indisciplina, que el Presidente Suárez atajó siempre con firmeza.

1. Primeros intentos de lograr autonomía.
El nombre de Cantabria.

Los intentos de dotar a Cantabria de un Estatuto se iniciaron en la etapa de la II República. La Constitución de 1931 respaldó la posibilidad de formar regiones autónomas con una o varias provincias, “con características históricas, culturales y económicas comunes…”, sin otra limitación que la de no admitir en ningún caso la Federación de regiones autónomas como garantía del respeto de los vínculos nacionales.

Teniendo en cuenta que uno de los ejes de debate político se centró en la orientación del régimen republicano entre una República unitaria o la de estructura federal, en este contexto se diseñó para la provincia de Santander un Proyecto de Estatuto elaborado bajo la visión federalista del Partido Republicano Federal de la entonces provincia de Santander, que redactó un proyecto de Estatuto Regional del Estado Cántabro Castellano para un futuro Estado federal Cántabro-Castellano incluido dentro de una posible República federalista.

Además de la vertiente republicana del Estatuto, también éste había sido en parte fruto de un proceso de redescubrimiento de los rasgos que identifican al pueblo cántabro. Los artífices de dicho proceso fueron personajes tan destacados como Amós de Escalante, José María de Pereda, Marcelino Menéndez y Pelayo, Mateo Escagedo y Ángel de los Ríos, entre otros.

La Diputación de Santander recibió en mayo de 1936 el proyecto de Estatuto y después de su examen dio el visto bueno para la fase posterior. El documento en sí defendía la creación de un Estado federal como parte de la República federal española cuyos límites no quedan explícitos. Lo que sí se especificaba eran las amplias competencias de este Estatuto que dejaría al Estado central con tan sólo unas pocas como defensa, relaciones internacionales, etcétera. Pero la guerra civil, iniciada unos meses después, abortó este objetivo, aunque hasta la entrada de las tropas de Franco el diario liberal El Cantábrico recogió en sus páginas las demandas para dotar a Cantabria de un Estatuto de Autonomía.

Tras la guerra civil y el triunfo de unos principios ideológicos de claro corte totalitario que dieron paso y sustento al Movimiento Nacional, la Administración territorial y local española se estructuró sobre dos organizaciones: la Provincia y el Municipio desde una concepción centralista del Estado.  

Quince años antes de que en España se concretara el final del franquismo y el inico de los cambios políticos que desembocaron en la Constitución de 1978, se produjo un hecho significativo en el contexto de un régimen autoritario: la Diputación provincial, a iniciativa de su presidente, Pedro Escalante y Huidobro, propuso en 1963 cambiar la denominación de Provincia de Santander por la de Cantabria. A pesar de las gestiones realizadas y del voto afirmativo de la casi totalidad de los Ayuntamientos, la petición no prosperó a raíz de la oposición del Ayuntamiento de Santander.

En aquellos tiempos de autoritarismo y centralismo político y administrativo, es de destacar estas líneas de la moción de Pedro Escalante Huidobro, conocido popularmente por El Cantabrón,  defendiendo la recuperación oficial del nombre de Cantabria:

“Históricamente podemos sentar nuestra posición afirmando que la antigua Cantabria tuvo un significado trascendental en nuestra Historia patria y la raza cántabra fue una de las que integradas en la comunidad hispana influyó, sin duda, en la determinación de nuestros caracteres raciales, del amor a la tierra, del valor indomable, del espíritu de independencia, de la sobriedad. Interesa a España que el recuerdo de la Cantabria y de los cántabros primitivos y del señorío de Cantabria no se pierda y que los mantengan quienes por razones jurídicas e históricas y, evidentemente, con la base jurídico-histórica de hallarse en la línea de más positiva y más directa sucesión, son los representantes de la antigua Cantabria”.

La propuesta de Escalante Huidobro de sustituir el nombre de Santander por el de Cantabria, contó con un dictamen histórico favorable a cargo del historiador Tomás Maza Solano, que en las conclusiones de su trabajo afirma que procede “que se dé a esta provincia de Santander el nombre glorioso de Cantabria, de peculiar significación histórica, a la vez que de vetusto y tradicional abolengo, por ser digno de recordación en los anales de la historia Patria y de esta provincia en particular”, evocando en su informe la importancia “del Ducado de Cantabria, antaño territorio de la valerosa Cantabria”.

Pedro Escalante Huidobro fue también el fundador desde la presidencia de la Diputación de la Institución Cultural Cantabria, en unos años -la década de los sesenta- que se ponen en marcha otras iniciativas que alcanzaron una especial trascendencia en el logro de un mayor espíritu montañesista y cántabro, como el Día de la Montaña-Día de Cantabria que comenzó a celebrarse a partir de los años sesenta, a iniciativa de su Ayuntamiento, en Cabezón de la Sal.

2. La transición a la democracia.
La reivindicación autonómica.

Las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977 -ganadas claramente en la circunscripción de la Provincia de Santander por Unión de Centro Democrático al conseguir seis de los nueve escaños a Cortes Generales (Congreso y Senado)-, marcaron el inicio de las demandas autonomistas. Los resultados a nivel del Estado forzaron la apertura de una etapa constituyente en España, proceso que terminaron pactando los dos grandes partidos (UCD y PSOE) y que ratificó el Presidente Suárez cuando aprobada la Constitución disolvió las Cámaras y convocó nuevas elecciones.

En pleno proceso constituyente, la perspectiva de configurar una región uniprovincial sobre la base de la provincia de Santander fue tomando cuerpo, una vez que se superaron algunos intentos de que por los padres de la Constitución se fijaran unas bases mínimas de territorialidad y población para la constitución de las comunidades autónomas.

En este proceso, un paso adelante se concretó a comienzos de 1978 cuando partidos políticos, sindicatos y asociaciones solicitaron a la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León la no inclusión de la provincia de Santander en el proyecto preautonómico de Castilla y León. Se planteaba en esta demanda que se tuviese en cuenta la opinión de los ciudadanos cántabros y sus instituciones (Ayuntamientos y Diputación Provincial), que estaban a la espera de su democratización culminada con las elecciones municipales de abril de 1979. Esta exigencia no surtió efecto al decidirse por la Asamblea de Parlamentarios castellano-leoneses la inclusión de la Provincia de Santander en su proyecto de preautonomía. Esta actitud no desinfló las demandas autonómicas, sino que  sirvió para fomentar un criterio más amplio en sectores sensibilizados de la ciudadanía cántabra en defensa de una autonomía diferenciada de la de Castilla-León.

La primera reacción no se hizo esperar. La Junta de Parlamentarios (formada por los diputados y senadores elegidos el 15 de junio de 1977) decidió no participar en la negociación preautonómica de la comunidad vecina, al tiempo que acordó, en mayo de 1978, solicitar para la provincia de Santander un estatuto de preautonomía.

Sin embargo, Castilla y León alcanzó el régimen preautonómico por Real Decreto-Ley 20/1978, de 13 de junio, que en su artículo segundo establecía su ámbito territorial  que alcanzaba a once provincias, entre ellas la de Santander, si bien a continuación se indicaba que ello "no prejuzga la futura organización de las once provincias bajo alguna de las modalidades que la Constitución establezca".  El mismo Real Decreto-Ley en su disposición transitoria se establecía que "los parlamentarios de cada una de las provincias enumeradas en el artículo segundo decidirán por mayoría de dos tercios la incorporación de las mismas al Consejo General de Castilla y León".  

En el caso de Cantabria se rechazó por unanimidad la incorporación a la Preautonomía castellano-leonesa, lo que también ocurrió en Segovia, si bien el Gobierno de la nación "por interés nacional" procedió a la integración de esta provincia en la comunidad vecina. Con este Real Decreto-Ley se cercenaban, en principio, las aspiraciones de los autonomistas. No obstante, la Junta de Parlamentarios de Cantabria continuó trabajando en el proyecto de redactar las bases para la preautonomía.

En el objetivo de contrarrestar las aspiraciones castellano-leonesas de mantener a la Provincia de Santander en su preautonomía, el  Día de Cantabria celebrado en Cabezón de la Sal  el 14 de agosto de 1978, se leyó desde el balcón del Ayuntamiento un manifiesto pro-autonomía de la Junta de Parlamentarios de Cantabria al que dio lectura el diputado centrista, Justo de las Cuevas, por el que se hizo  "una llamada a todos los cántabros o montañeses que sientan los problemas de la tierra en que han nacido o en la que trabajan y viven, para que apoyen a sus parlamentarios en la consecución de la preautonomía, con la que Cantabria recupere el rango que le corresponde dentro de la solidaridad con el resto de las regiones españolas…”

Como respaldo a esta reivindicación de autonomía para Cantabria, en octubre se celebró en Santander una gran manifestación que terminó con la lectura de un manifiesto y la colocación en el palacio de la Diputación Provincial de la Bandera de Cantabria, que formada por los colores blanco y rojo sería ratificada con la aprobación del Estatuto de Autonomía.

En el otoño de 1978 -cuando el proyecto de Constitución fue aprobado por el Congreso y el Senado y se anunciaba el referéndum popular para su ratificación- las dudas sobre las posibilidades reales de acceder a la autonomía quedaron despejadas, al depender únicamente de la voluntad democrática de las instituciones: ayuntamientos y Diputación provincial.

Todo este movimiento pro-autonómico vino empujado con la creación, en 1976, de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), promovida por un conglomerado de personas con orígenes dispares, destacando la presencia de algunos reformistas que procedían de las filas del Movimiento Nacional y sindicalistas del oficialismo imperante, además de regionalistas, nacionalistas, demócratas-cristianos, liberales, derecha moderada y futuros representantes de algunos partidos de la izquierda.

Esta pluralidad favoreció que la asociación se asentara en el tejido social de la entonces Provincia de Santander y que sus llamadas a manifestaciones y concentraciones encontraran respaldo ciudadano. Al mismo tiempo se sometieron a debate temas polémicos de la época que encontraron importante eco en la Hoja del Lunes –dirigida por el periodista Juan González Bedoya-  que impulsó desde sus páginas una cierta  concienciación cántabra, empeño en el que también destacó la publicación Cántabro, una iniciativa editorial de varios cientos de accionistas promovida por Joven Cámara de Torrelavega.

Con la complacencia del entonces gobernador civil, Carlos García Mauriño (último del franquismo y primero de la Monarquía),  la nueva organización logró remover, en parte, la conciencia dormida de muchos cántabros a favor de un sistema democrático de libertades que reconocieran el derecho a la autonomía, además de representar una reacción frente a las muchas promesas incumplidas de la Administración central, especialmente en materia de comunicaciones. Desde las muchas carencias que presentaba la provincia montañesa, se instaba a los partidos políticos -entonces en proceso de organización a incorporar a sus programas las principales reivindicaciones en la defensa de los intereses cántabros.

La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria marcó con su insistencia el objetivo de la autonomía desde el mismo momento de su fundación con la difusión del llamado Manifiesto de los Cien. Desde entonces, comenzó a popularizar el nombre de Cantabria, defender el logro de un Estatuto y el reconocimiento de una bandera propia y la promoción de todas sus señas de identidad. Se puede afirmar que libertad y autonomía –dos valores inseparables para el éxito de ambos- representaron la gran demanda ciudadana de aquel tiempo, ya que sólo con una Constitución democrática podía alcanzarse el objetivo de sustituir un Estado supercentralizado por una España de regiones dotadas de autonomía e instituciones propias.

Una frase del primer presidente de ADIC, Ignacio Gómez Llata, merece ser recordada porque fue profética: “desde hoy oiremos hablar mucho más de Cantabria y mucho menos de Santander o La Montaña”. Este deseo y aspiración de esta asociación se hizo realidad, oficialmente, seis años después de su constitución al aprobarse por las Cortes Generales, el 15 de diciembre de 1981, el Estatuto de Autonomía.  

Cuando la democracia se ganó definitivamente con la Constitución de 1978, muchos integrantes de la asociación fueron buscando su ubicación ideológica en las distintas opciones políticas. Fue el momento en el que surgió desde el mismo seno de ADIC  el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que dos décadas después se proyectaría como alternativa de gobierno. Otro sector de la asociación impulsó en las elecciones de 1983 una agrupación electoral que llevó a sus siglas el término de nacionalista y que en su concurrencia electoral perdió ante una mayor fuerza del regionalismo encabezado por Miguel Ángel Revilla Roiz, lo que hizo que el regionalismo electoral se nucleara en torno al PRC.  

3. El camino hacia el Estatuto de Autonomía.

Aprobada la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, para la antigua provincia de Santander se abrieron todas las posibilidades de una autonomía propia, basadas en los contenidos del artículo 143 que recoge los derechos al autogobierno fundamentándose en las «características históricas, culturales y económicas comunes» del territorio, estableciendo:

[...] las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas [...]
Igualmente en la Constitución y en el articulado de su Título VIII, se establecía el procedimiento legal para culminar, en una primera fase, el proceso autonómico, correspondiendo la iniciativa "a todas las Diputaciones y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas".

Celebradas las elecciones municipales el 3 de abril de 1979 -también ganadas en Cantabria por UCD pero que permitieron al PSOE y al Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ocupar un espacio del poder municipal- el 30 de abril de 1979 el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, presidido por Ambrosio Calzada Hernández, tomó el primer acuerdo municipal de petición formal de la Autonomía para Cantabria, cuya moción se sustentó en que el territorio definido por los límites de la Provincia de Santander contaba con suficientes peculiaridades históricas, etnográficas, culturales, económicas y de unidad geográfica para constituirse en Comunidad Autónoma Uniprovincial, además de estimar que "la facultad de autogobierno regional ha de servir para potenciar y promover en todos sus aspectos el desarrollo de Cantabria".  En la moción de la Corporación cabezonense se recogía el simbolismo que representaba la celebración por el Ayuntamiento desde 1967 del Día de la Montaña-Día de Cantabria, así como que en los últimos años se habían leído desde el balcón de la Casa Consistorial sendos manifiestos en petición de la autonomía regional.

Comenzaba, entonces, una carrera a la sazón incierta. En los seis meses posteriores debían pronunciarse a favor de la autonomía un mínimo de las dos terceras partes de los 102 municipios de la Provincia de Santander. En la primera semana se sumaban los municipios de Torrelavega y Piélagos y Santander lo hizo el 18 de mayo, corrigiendo su oposición en los años sesenta al cambio de nombre.  En apenas un mes, 42 ayuntamientos habían votado a favor, llegándose el 19 junio a la cifra de 68 municipios, número mínimo requerido. La Diputación Provincial -formada por UCD (con mayoría absoluta), PSOE y PRC- acordaba el  22 de junio, por unanimidad, sumarse a la iniciativa y ese mismo día ya eran 73 los ayuntamientos que respaldaban iniciar el camino hacia el autogobierno.

La respuesta opositora a este rápido y concluyente proceso institucional de apoyo a la petición de autonomía,  llegó de la Asociación Cantabria en Castilla (ACECA) que había aglutinado, sobre todo, a sectores capitalinos de la derecha económica vinculados al franquismo. El 4 de febrero de 1980 esta Asociación remitió una carta al Presidente Suárez y a altos cargos del partido gobernante en la que se afirmaba que ACECA representaba el sentimiento de muy amplios sectores de la provincia de Santander "que no desean ser excluidos de su región natural que es Castilla".  En la misiva se indicaba, además, que "en el caso de que se llegase a considerar a Santander como región uniprovincial, dejándola aislada entre las zonas vasca y asturiana, ello podría ocasionar una debilitación de esta provincia que, a corto y medio plazo, provocaría una influencia negativa y un sinnúmero de problemas que, en último término, afectaría de manera seria a los intereses generales de España". La carta de ACECA pedía al Gobierno que arbitrara "una acción política" para mantener a la provincia de Santander en Castilla.

Al mismo tiempo que se ejercían estas presiones desde ACECA, comenzaron también a movilizarse en contra de la autonomía cántabra  los diputados y senadores de UCD y PSOE que representaban a las provincias de Castilla-León en las Cortes Generales. Sin embargo, el proceso hacia el autogobierno era imparable a partir de que la petición de autonomía se aprobara por unanimidad de la Diputación Provincial  y de 85 de los 102 Consistorios democráticos de la entonces provincia de Santander constituidos en abril de 1979, a lo que se unió el espaldarazo definitivo de la Ejecutiva nacional de Unión de Centro Democrático y del  Gobierno central que a favor de las tesis autonomistas decantó el presidente Adolfo Suárez.

El 30 de diciembre de 1981 concluyó el proceso iniciado en abril de 1979 por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, bajo la presidencia de Ambrosio Calzada Hernández. Este municipio abrió el proceso previsto en el Artículo 143 de la Constitución Española que condujo a la Autonomía de Cantabria. Otros 85 Ayuntamientos de la región y la Diputación Provincial se sumaron en los meses siguientes a la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Cantabria basó su autonomía en el precepto constitucional que abría la vía del autogobierno a las "provincias con entidad regional histórica". La lucha de los cántabros contra el Imperio Romano o la creación de las Juntas Generales de Puente de San Miguel, son obligada referencia en la historiografía regional (4).


4. 1981: El gran logro del Estatuto de Autonomía.

A lo largo de 1981 se concretaron todos los pasos institucionales exigibles por la Constitución para definir a Cantabria como una de las diecisiete Comunidades Autónomas de España, aspiración que se completó en todos sus trámites en el plazo de dos años.  En este proceso se acordó que la Diputación Provincial siguiera ejerciendo sus competencias evitando, de esta manera, la formalización de un órgano preautonómico con el que contaron, sin embargo, algunas autonomías uniprovinciales.  

Una vez que los Ayuntamientos de Cantabria respaldaron la petición de autonomía de acuerdo con lo que la Constitución, los partidos procedieron a convocar la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados Provinciales que el 10 de septiembre de 1979 inició los trabajos para la redacción del Estatuto de Autonomía bajo la presidencia del diputado centrista, Justo de las Cuevas González. Unos días después, se procedería a la entrega al ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, de las certificaciones de los acuerdos de los Ayuntamientos cántabros favorables a que la Provincia de Santander se constituyera en Comunidad Autónoma.  

Este proceso se alargó durante algunos meses hasta que el 2 de junio de 1980 se procedió a la votación del anteproyecto de Estatuto en el seno de la Comisión Mixta, que fue aprobado con 19 votos a favor (correspondientes a UCD) por 13 en contra (PSOE y PRC). El siguiente paso tuvo lugar el 19 de junio en el Palacio del Congreso con la entrega al Presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, del anteproyecto de Estatuto, que el  3 de julio se procedía a su admisión a trámite.

Abierto el proceso para la presentación de enmiendas, se presentó el primer escollo con la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Coalición Democrática liderado por Manuel Fraga Iribarne, por la que cuestionaba la entidad histórica y regional de Cantabria. La coincidencia de los partidos UCD y PSOE de hacer viable la autonomía uniprovincial para Cantabria salvó este escollo en el pleno del Congreso de los Diputados de 23 de octubre de 1980.

Fue a partir de este momento cuando se abrió una etapa de mayor agilidad en el trámite parlamentario al avanzarse en un consenso entre los dos grandes partidos, Unión de Centro Democrático (a través de Justo de las Cuevas con el apoyo de Fernando Abril Martorell) y Partido Socialista Obrero Española (con su líder Jaime Blanco García que contaba con el aval de Alfonso Guerra).

Pero no todos los escollos quedaban salvados. Durante el proceso de trámite parlamentario del Proyecto de Estatuto en el Congreso de los Diputados se produce  el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuyas consecuencias no se hicieron esperar en el objetivo del Presidente Leopoldo Calvo Sotelo de reconducir la cuestión autonómica. El Gobierno procedió a encargar un informe a una comisión de expertos presididos por el jurista Eduardo García de Enterría, cuyas conclusiones se dieron a conocer unas semanas después de que el que el 29 de abril la Ponencia de la Cámara Baja dictaminara el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Entre las muchas conclusiones del conocido por Informe Enterría destacaba el apartado referido a las comunidades uniprovinciales. El estudio proponía la conveniencia de fijar unos mínimos de extensión, población o recursos materiales para la constitución de las autonomías uniprovinciales, relegando cualquier argumento de identidad histórica. En líneas generales, estimaba como inviables las comunidades uniprovinciales de menos de un millón de habitantes y exiguo territorio que no fueran entidad regional histórica.

Como es lógico, la publicación de sus conclusiones provocó una ola de reacciones críticas desde Cantabria, que fueron suavizadas a raíz de que el  propio García de Enterría afirmará que el Estatuto de Cantabria estaba a salvo, como efectivamente sucedería con su aprobación, el 25 de junio, por la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados. Para suavizar la crispación levantada por el informe Enterría, el Comité Ejecutivo Nacional de UCD celebrado el 8 de junio, respaldó una vez más el derecho de Cantabria a su autogobierno.

Sin embargo, las secuelas del Informe Enterría y la presión de los diputados castellano-leoneses de UCD y del PSOE, se dejaron sentir en la recta final del trámite parlamentario. Así, en el periodo de enmiendas se procedió a la inclusión de dos artículos que abrieron una gran polémica en Cantabria ya que cuestionaban la vigencia del Estatuto al determinar, por un lado, que la Diputación Regional de Cantabria defenderá de forma especial los acuerdos y convenios con la comunidad castellano-leonesa que respondan a los lazos históricos y culturales existentes entre ambas comunidades, párrafo que vinculado con el artículo 58, de nueva redacción,  que preveía la integración futura de Cantabria, a petición propia, en otra comunidad limítrofe, expresaban una cierta provisionalidad del Estatuto y de la propia autonomía uniprovincial.

Con esta redacción que dejaba muy debilitado el texto estatutario, el 13 de octubre de 1981 el Congreso de los Diputados aprobaba el Estatuto de Autonomía de Cantabria por 235 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones, éstas correspondientes a diputados de Alianza Popular y algunos diputados elegidos por las provincias castellanas y que pertenecían a las dos formaciones más importantes.

Tras el envío del texto estatutario al Senado y la incorporación por la Cámara Alta de algunas modificaciones consensuadas entre UCD y PSOE, a las 19,37 horas del 15 de diciembre de 1981, el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, declaró aprobada la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria por 249 votos a favor, 2 en contra y 31 abstenciones, tras un debate político en defensa del Estatuto en el que intervinieron el centrista Justo de las Cuevas González, el socialista, Jaime Blanco García, frente a las discrepancias del diputado del grupo comunista, Jordi Solé Turá, que defendió mayores competencias para el Estatuto que se debatía.

De esta manera, Cantabria fue la primera comunidad autónoma en acceder a la autonomía sin haber disfrutado antes de régimen preautonómico. Como ya se ha señalado, la Provincia de Santander rechazó en su momento su inclusión a la Preautonomía de Castilla-León al optar por abrir la vía del art. 143 para constituirse en Comunidad Autónoma Uniprovincial.

La historia posterior ya se conoce. El 30 de diciembre el Rey sancionaba la Ley Orgánica con motivo de un despacho vacacional en Baqueira Beret; el 11 de enero se publicaba en el Boletín Oficial del Estado y veinte días después, el 31 de enero de 1982, entraba en vigor, aplicándose automáticamente la disposición final que mandataba el cambio de nombre de Santander por Cantabria.

De esta manera, el antiguo solar de los cántabros recuperaba toda su identidad política e institucional, cumpliéndose este preámbulo:

“Cantabria como entidad histórica perfectamente definida dentro de España y haciendo uso del derecho a la Autonomía que la Constitución reconoce en su Título VIII y en base a las decisiones de sus Ayuntamientos libre y democráticamente expresadas, manifiesta su voluntad de constituirse en Comunidad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto en el art. 143 de la Constitución”.
En cuanto a la disposición final se aprobó en estos términos:

“Recogiendo el sentir mayoritario ya expresado por la Diputación y Ayuntamiento de la actual provincia de Santander, la promulgación de este Estatuto conllevará automáticamente el cambio de denominación de la Provincia de Santander por Provincia de Cantabria. El Gobierno dictará las disposiciones oportunas para que en el plazo de un año se haya dado cumplimiento a las consecuencias derivadas de esta disposición final.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica”. JUAN CARLOS R.

7.5. Nuevas instituciones de Cantabria.
 El primer Gobierno (1982-83).

El 20 de febrero de 1982 se constituyó la Asamblea Regional provisional (hoy Parlamento) que presidió Isaac Aja Muela  y el 15 de marzo fue investido José Antonio Rodríguez Martínez como primer presidente de Cantabria. Un mes más tarde, el 14 de abril,  tomó posesión en la sede de la entonces Diputación Regional  el primer Gobierno de Cantabria presidido por José Antonio Rodríguez Martínez y del que fueron titulares Jesús Ruiz Rugama (Presidencia); Serafín Fernández- Escalante Moreno (Economía y Hacienda), Ramón Teja Casuso (Cultura y Deportes); Enrique Ambrosio Orizaola (Industria, Turismo y Transportes), Valentín Almansa Sahagún (Ganadería y Agricultura); Santiago Pérez Obregón (Trabajo y Sanidad); Tomás Fernández Fernández (Obras Públicas y Urbanismo) y José Ramón Saiz Fernández, Consejero Adjunto al Presidente y de Relaciones Institucionales.

Desde esa fecha, Cantabria ha contado con los siguientes presidentes: José Antonio Rodríguez Martínez (1982-84); Angel Díaz de Entresotos y Mier (1984-87); Juan Hormaechea Cazón (1987-1990); Jaime Blanco García (1991); Juan Hormaechea (1991-95); José Joaquín Martínez Sieso (1995-2003), Miguel Ángel Revilla Roiz, (2003-11) e Ignacio Diego Palacios que lo es desde junio de 2011 (5). Hay que destacar que dos de los presidentes autonómicos reflejan, de alguna manera, el carácter diferenciador de Cantabria sobre otras autonomías uniprovinciales: tanto Juan Hormaechea (en su segunda legislatura) como Miguel Ángel Revilla se presentaron a las elecciones y accedieron a la presidencia por partidos surgidos de Cantabria y, por tanto, ajenos a los dos grandes partidos estatales PP y PSOE.

La otra gran institución, el Parlamento, ha contado en estos treinta años con los siguientes presidentes: Isaac Aja Muela (1982-83), Guillermo Gómez Martínez-Conde (1983-87), Eduardo Obregón Barreda (1987-89), Adolfo Pajares Compostizo (1989-99), Rafael de la Sierra González (1999-2003), Miguel Ángel Palacio García (2003-11) y desde junio de 2011 ostenta la presidencia de la Cámara Legislativa José Antonio Cagigas.

El primer Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Administración del Estado constituyeron la primera Comisión Mixta de Transferencias el 21 de mayo de 1982. Dos meses después, el 19 de julio, en Madrid, se firmaba el gran acuerdo sobre el primer paquete de transferencias “con los mismos techos competenciales” que para las comunidades del artículo 151 de la C.E. Las primeras transferencias comprendieron las competencias siguientes: Sanidad, Reforma y Desarrollo Agrario, Ferias Interiores, Intervención de Precios, Turismo, Transportes Terrestres, Disciplina de Mercado, de Cultura (Asistencia Social, Promoción Cultural, Deporte, Libro y Bibliotecas),Tiempo Libre, Servicios y Asistencia Sociales, Puertos, Administración Local, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Agricultura, Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura; Reforma de las Estructuras comerciales y Comercio Interior.

7.6. La reforma estatutaria de 1998.
La definición de Comunidad Histórica.

El Estatuto de Autonomía en su primer cuarto de siglo de vigencia, ha sido reformado en varias ocasiones. Por Ley Orgánica 7/1991 se aplicó al Estatuto de Autonomía de Cantabria la ley que establece la coincidencia, por parte del mayor número posible de Comunidades Autónomas, en la celebración de elecciones autonómicas, conjuntamente con las municipales, un día fijo: el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.
La segunda reforma -Ley Orgánica 2/1994- abordó una ampliación de competencias a tenor de lo que especifica la Constitución en su artículo 150.2 para las Autonomías creadas mediante el artículo 143 de la misma, es decir, para aquellas que accedieron a la autonomía sin régimen preautonómico previo, llanamente llamadas Autonomías de "vía lenta".
Por la tercera de las reformas -Ley Orgánica 26/1997- se procedió a adecuar el listado de tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Cantabria tras la reforma del régimen de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que tuvo lugar en 1996. Finalmente, mediante Ley Orgánica 21/2002, que procedió a actualizar los tributos cedidos a la Comunidad de Cantabria tras la reforma del régimen de financiación de las Comunidades Autónomas aprobado en 2002.
La legislatura 1995-99 fue la más importante en el objetivo de dotar a Cantabria de un Estatuto de Autonomía con más competencias, al tiempo que se eliminaba de su texto todas las restricciones impuestas por la presión de los diputados y senadores castellano-leoneses en el debate estatutario de 1981. Este proceso se inició con la presentación y debate de una proposición no de ley relativa a un Plan de impulso y profundización en el autogobierno de Cantabria (Boletín Oficial del Parlamento de 28 de diciembre de 1995).

Con un amplio respaldo en la Cámara, la propuesta definió el alcance de la necesaria reforma estatutaria al asumirse el compromiso de que "el nuevo Estatuto de Autonomía contendrá el máximo de poder político permitido por la Constitución Española, con especial atención a la posibilidad de disolución anticipada de la Cámara Regional y a otras medidas institucionales referidas al Título I sobre los poderes de la Comunidad Autónoma, como la fijación de los periodos de sesiones, número de miembros del Consejo de Gobierno, entre otras que promuevan la necesaria profundización en el autogobierno de Cantabria".

También esta voluntad reformista alcanzaba a la "modificación del Título II del Estatuto de Autonomía en el que se incluirán todas las competencias no contempladas en la Constitución Española como exclusivas del Estado", al tiempo que la resolución aprobada por veintinueve votos a favor y diez abstenciones determinaba, además,  el compromiso de reformar o eliminar cualquier referencia a la provisionalidad de la autonomía ya que en los artículos 30 y 58 se hacía mención a los lazos históricos y culturales con la Comunidad de Castilla y León y a la posible incorporación a una comunidad limítrofe 6).

En definitiva, una resolución que además de marcar los contenidos y alcance de la reforma, inició la cuenta atrás para su debate en la Ponencia que se constituyó el 15 de abril de 1996 formada por los diputados Francisco Rodríguez Argüeso, Julio Neira Jiménez, José Ramón Saiz Fernández, Rafael de la Sierra González y Martín Berriolope Muñecas. En el camino, la necesidad de llegar a un acuerdo con el mayor consenso posible sobre la reforma estatutaria. Fue el 29 de diciembre de 1997 cuando se llegó a un trascendental acuerdo sobre su alcance tras suscribirse el que se denominó “pacto de Carmona”.

Desde su formación el 15 de abril de 1996, la ponencia encargada de llegar a un acuerdo con el mayor consenso posible sobre la reforma estatutaria celebró alrededor de cincuenta reuniones con la apertura, primero, a nivel de debates, hacia la sociedad  y sus grupos organizados con el fin de escuchar sus opiniones y propuestas y, finalmente, en un trabajo propiamente interno de la ponencia en la que se concretaron, primero, los puntos de acuerdo y, finalmente, se debatieron aquellos en los que el desacuerdo había impedido alcanzar, en la primera fase de debate, el necesario acuerdo amplio o consenso.

La filosofía de esta reforma estatutaria se centró en eliminar todas las restricciones del Estatuto de 1981 en cuanto al ejercicio del autogobierno que sólo podía tener como límites los estrictamente constitucionales y, específicamente, la modificación del Título II del Estatuto de Autonomía en el que se incluirán todas las competencias no contempladas en la Constitución Española como exclusivas del Estado.

En general, las modificaciones más importantes se concretaron en estos apartados:
 
Definición de Cantabria como Comunidad Histórica.
Eliminación del artículo que establecía la posibilidad de incorporar Cantabria a otra Comunidad Autónoma (en el art. 58 de la primera redacción del Estatuto), en clara referencia a Castilla y León, cuyo Estatuto aún considera esta opción. En relación a esta referencia, el Estatuto de Castilla y León de febrero de 1983 mantiene aun en su Disposición adicional segunda que "la Comunidad de Castilla y León considerará con carácter prioritario el establecimiento de convenios y acuerdos de cooperación con las Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja, dada la vinculación histórica, política y cultural entre éstas y aquella Comunidad".
Sustitución del término Diputación Regional de Cantabria por el de Comunidad Autónoma para superar el concepto de continuidad con el anterior status de Diputación Provincial.  
Sustitución de la denominación Asamblea Regional de Cantabria por Parlamento de Cantabria.
Sustitución de la denominación Consejo de Gobierno de Cantabria por Gobierno de Cantabria.
Regulación de las normas por las que se regirá el Parlamento de Cantabria y el procedimiento para la designación de senador por Cantabria.
Creación de las figuras del Defensor del Pueblo Cántabro y el Consejo Jurídico Consultivo.
Asunción de las competencias de educación y sanidad, incluyendo la red hospitalaria en la que destaca el Hospital Valdecilla.
Los redactores de la reforma alcanzaron, además, un acuerdo de consenso en torno a la definición e identidad histórica de Cantabria que representó uno de los escollos más difíciles de los debates para la reforma y que se cerró en la última reunión de la ponencia y que se conoció como el Pacto de Carmona celebrada el 29 de diciembre de 1997, al lograrse un acuerdo sobre la definición de “Comunidad Histórica”.

Además de nuevas competencias y una mejora sustancial de los contenidos, el dato más relevante de la reforma fue el logro de la definición de Comunidad Histórica para Cantabria. Así, el artículo 1 del nuevo Estatuto establece la siguiente definición:

“Cantabria, como Comunidad Histórica,  para ejercer su derecho al autogobierno reconocido constitucionalmente,, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”.

Si la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981 fue un hecho trascendente ya que posibilitaba que Cantabria accediera por primera vez a una identidad propia, constituyéndose en una de las diecisiete Comunidades Autónomas de España, desde la aprobación de la primera Constitución en 1812, la reforma estatutaria pactada en Cantabria y absolutamente respetada y ratificada por el Congreso de los Diputados y el Senado, ha representado uno de los acontecimientos más importantes en los más de veinticinco años de autonomía. El Estatuto de Autonomía presenta una modificación sustancial en sus títulos más importantes y para su logro habría que hablar de una profunda madurez política en Cantabria y que en una situación de normalidad institucional es posible alcanzar acuerdos positivos para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma.

La reforma estatutaria aprobada por las Cortes Generales en los mismos términos - insistimos - que fue dictaminada por el Parlamento de Cantabria, representa un cambio profundo del Estatuto de 1981. Por un lado, no solo define a Cantabria como Comunidad Histórica sino que al mismo tiempo procedió a eliminar todas las limitaciones impuestas en el Estatuto de 1981 sino que aumento hasta treinta y cinco las competencias exclusivas.  

El Estatuto resultante de esta amplia reforma, abrió una nueva etapa del autogobierno en Cantabria con la gran prueba de las competencias en educación y sanidad hospitalaria, incluido el Hospital Marqués de Valdecilla, dos grandes competencias que por su incidencia en los ciudadanos permiten proyectar a la sociedad cántabra un determinado modelo de gobierno que debe surgir, cada cuatro años, del voto ciudadano.

Finalmente, el 26 de noviembre de 1998 el Congreso de los Diputados ratificó la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, después de su aprobación por el Parlamento cántabro y el Senado, culminándose de esta manera la tercera reforma estatutaria, pero la primera que surgió de las instituciones cántabras, concretamente de su Cámara Legislativa, según lo previsto en el artículo 57 del propio Estatuto.

Un paso adelante para que los cántabros, los de dentro y los de fuera, los que viven en las ciudades, los que habitan en los pueblos, en los valles y el litoral, en fin, todos los que ocupamos este territorio, junto con los que habitan en otras latitudes, otros espacios que van desde la vieja Europa, en Alemania, en Suiza o en Francia, hasta nuestras comunidades montañesas de Buenos Aires, La Habana, México, Guatemala..., absolutamente todos, disponemos hoy de un amparo de cantabricidad o montañesismo: nuestro Estatuto de Autonomía, hoy reforzado, más acogedor e integrador, sin más limitaciones que las que marca la Constitución.

Todos aspiramos al progreso de nuestra comunidad y los cántabros, para lograrlo, tenemos que hacer efectiva esa idea no siempre fácil en nuestra tierra de juntarnos, unirnos y reconciliarnos. Por separado, difícilmente lograremos las metas que precisamos alcanzar para ese desarrollo y progreso social que anhelamos

Ahora, a partir de este momento, es preciso que todos seamos conscientes del tiempo en el que vivimos y que con empuje y dignidad podamos transformar en este periodo nuevo de nuestra historia, una Cantabria que necesita más que nunca del esfuerzo de sus mujeres y hombres.

Notas

(1). El resultado de la votación fue de 249 votos a favor, 2 en contra y 31 abstenciones. Parte de estas abstenciones correspondieron a diputados de la antigua Alianza Popular.
   
(2). Datos facilitados por el Presidente del Parlamento a partir de 2003, Miguel Ángel Palacio, en su discurso institucional del 25 aniversario del Estatuto. Entre la formación de la primera Asamblea Regional y el nombramiento del primer Gobierno de Cantabria, el terrorismo asesinó de un tiro en la nuca al doctor Ramiro Carasa Pérez, Jefe de Traumatología de “Nuestra Señora de Aránzazu” de San Sebastián,  médico Ramiro Carasa Pérez, que fue enterrado el 31 de marzo en Liendo, en pueblo de sus padres al que estaba muy vinculado. Encabezando a las autoridades, asistió el  Presidente de la Asamblea Regional. El Presidente de Cantabria aun no había jurado el cargo al no publicarse en el BOE el RD de su nombramiento.

(3) Alerta de 15 de mayo de 1982. Se informaba sobre los resultados del estudio económico patrocinado por el Banco Bilbao.

(4). Web del Parlamento de Cantabria.

(5). Durante la breve pero intensa historia de la autonomía cántabra, se han presentado hasta cinco mociones de censura. La primera, presentada el 22 de noviembre de 1990, fue la única que tuvo éxito y que supuso la sustitución del primer Gobierno Hormaechea por un Gobierno de coalición presidido por Jaime Blanco (PSOE). Las dos siguientes fueron presentadas contra el segundo Gobierno Hormaechea durante la tercera legislatura regional, el 19 de junio de 1993 y el 5 de enero de 1994. En ambos casos Jaime Blanco fue propuesto como candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno cántabro y no tuvieron éxito. Finalmente, el PSOE y el PP presentaron sendas mociones de censura el 25 de octubre de 1994. Sin embargo, estas mociones no se llegaron a debatir en la Asamblea, pues Hormaechea presentó su dimisión el 5 de noviembre aunque continuó en funciones de Presidente hasta las elecciones de mayo de 1995.

(6). Este conjunto de iniciativas parlamentarias para profundizar en el autogobierno y definir un posible marco de reforma estatutaria fue presentada y defendida por el diputado José Ramón Saiz Fernández.






Protagonismo del Parlamento de Cantabria desde su constitución el 20 de febrero de 1982.


Tras la aprobación de éste por las Cortes Generales, el 15 de diciembre de 1981, el Rey de España firmó la correspondiente Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria el 30 de Diciembre de ese mismo año, entrando en vigor el 31 de enero de 1982, jornada en la que comenzó la cuenta atrás para constituirse las instituciones regionales con el desarrollo de los primeros pasos del Estatuto.

El 20 de febrero de 1982 se constituyó con carácter provisional la primera Asamblea Regional de Cantabria. Fue una jornada histórica ya que comenzaba a institucionalizarse la Comunidad Autónoma con su primera Asamblea Legislativa o Parlamento, formada en este caso por los diputados y senadores de las Cortes Generales y los diputados provinciales de la Diputación constituida a raíz de las primeras elecciones municipales de abril de 1979.

Se nombró Presidente a Isaac Aja Muela, formando la Mesa de la Cámara Alberto Mateo del Peral y Jesús Cabezón como vicepresidentes y Gonzalo Gaspar de Pablo y Daniel Mediavilla como secretarios. Esta Asamblea Regional tuvo vigencia desde el 20 de febrero de 1982 hasta la Asamblea Regional constituida en mayo de 1983, tras la celebración de las primeras elecciones autonómicas que se celebraron el domingo 8 de mayo. Fue elegido Presidente el diputado de Coalición Popular, Guillermo Gómez Martínez-Conde.

Cada cuatro años se formalizaron nuevas legislaturas, teniendo como presidentes a Eduardo Obregón Barreda (PRC, que asumió el cargo en 1987 dimitiendo dos años después), Adolfo Pajares Compostizo (PP), Rafael de la Sierra González (PRC), Miguel Ángel Palacio Gómez (PSOE) y José Antonio Cagigas (PP).  

En el transcurso de la IV Legislatura (1995-1999) entró en vigor la primera gran reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, avalada por consenso de todos los Grupos Parlamentarios. Fueron ponentes de la reforma los parlamentarios Francisco Rodríguez Argüeso (PP), Julio Neira (PSOE), José Ramón Saiz Fernández (UPCA), Rafael de la Sierra (PRC) y Martín Berriolope (IDCAN).

Esta reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (BOE 31 diciembre 1998), alcanzó un profundo calado, pues afectó a 54 de los 58 artículos del Estatuto e introdujo, además de una ampliación competencial, importantes cambios en materia institucional. Esta última reforma llegó incluso a afectar al Título VI, de la Reforma, al eliminar el antiguo artículo 58 que regulaba, mediante un procedimiento especial, la incorporación de la Comunidad Autónoma de Cantabria a "otra limítrofe, a la que le unan lazos históricos y culturales", refiriéndose con ello a la posible integración de Cantabria a Castilla y León, cuyo Estatuto, en su Disposición transitoria 8ª, también contempla un mecanismo de integración. Por otra parte, el Estatuto deja de referirse a Cantabria como "entidad regional histórica", expresión empleada por la propia Constitución para permitir la existencia de comunidades uniprovinciales, para ser sustituida por la expresión "comunidad histórica"  (art. 1).


El Parlamento de Cantabria, que hasta la reforma de 1998 se había denominado Asamblea Regional de Cantabria,  expresa la voluntad del pueblo de Cantabria y ejerce la potestad legislativa, así como el resto de las competencias que le son atribuidas por la Constitución, el Estatuto y las leyes (art. 8.1). Está compuesto por diputados elegidos por sufragio universal directo (art. 10.1), siendo la circunscripción electoral única para toda la Comunidad Autónoma (art. 10.2). El Parlamento es elegido por un periodo de 4 años, celebrándose las elecciones en el cuarto domingo de mayo (art. 10.3). La Ley Autonómica 5/1987, de 27 de marzo, de Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria, modificada por la Ley 4/1991, de 22 de marzo y desarrollada por Decreto 42/1991, de 9 de abril, fija el número de diputados en 39 y establece el sistema proporcional D"Hondt para su elección, tomando como modelo el sistema de elección prevista para el Congreso de los Diputados en la LO del Régimen Electoral General.
El Parlamento goza de autonomía normativa, financiera y de personal, rigiéndose en la actualidad por el Reglamento del Parlamento de Cantabria, de 18 de marzo de 1999, y por el Estatuto de Personal de la Asamblea Regional de Cantabria, de 8 de junio de 1991.
El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 26 de marzo de 2007, aprobó por el procedimiento de tramitación directa y lectura única, la Reforma del Reglamento del Parlamento (BOE núm. 119 de 18 de mayo de 2007, corrección de errores en BOE núm. 165, de 11 de julio de 2007).
EL PARLAMENTO DE CANTABRIA

• Constitución y naturaleza:
El Parlamento de Cantabria forma parte de las Instituciones Cántabras junto con el Presidente de la Comunidad Autónoma y el Gobierno.  
El Parlamento representa al pueblo cántabros, ejerce la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma e impulsan y controlan la acción del Gobierno.
Una de las funciones del Parlamento es la de control, que supone la comprobación de que la actuación del Ejecutivo autonómico es la adecuada.
El tiempo de funcionamiento del Parlamento constituido tras cada proceso electoral es de cuatro años y se denomina legislatura. Transcurrido este tiempo el Parlamento queda disuelto por haber finalizado su mandato.
La sede  del Parlamento se encuentra en Santander, en el Palacio de San Rafael de la calle Alta. Está compuesto por 39 diputados elegidos todos ellos por la circunscripción única que es el territorio de la Comunidad Autónoma, elegidos cada cuatro años.
El actual Parlamento, fruto de la aplicación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, inició su andadura tras la constitución de la Asamblea Regional provisional y la posterior celebración de las primeras elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983, con el  inicio de la primera legislatura y  la constitución de la Cámara y la elección de la Mesa. El Parlamento cántabro está regulado por los artículos  8 al 16 inclusive del Estatuto de Autonomía y por su Reglamento.
El Parlamento tiene atribuidas por el Estatuto las funciones legislativas, el impulso y control de la acción del Gobierno y la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
• LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO.  La potestad legislativa atribuida al Parlamento según el Estatuto de Autonomía (art. 8) se desarrolla singularmente dentro de las llamadas competencias exclusivas de la Comunidad (art. 24 del Estatuto) aun cuando también cabe el ejercicio de la potestad legislativa en el ámbito de las competencias de desarrollo de la legislación básica del Estado (art. 25) y, desde luego, en el plano de la autoorganización institucional. En sus años de existencia son muchas las leyes aprobadas por el Parlamento y que tras su firma por el Presidente de la Comunidad Autónoma han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria. .
• LA FUNCIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO: Tarea importantísima del Parlamento es la de control al Gobierno. Esta función abarca un amplio espectro de posibilidades que van desde su misma formación (mediante la investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma) hasta su disolución, aprobando una moción de censura constructiva o rechazando la cuestión de confianza presentada por el Presidente. En la historia parlamentaria de las cinco legislaturas hay ejemplos de todas estas técnicas. El trabajo parlamentario consiste en preguntas, interpelaciones, proposiciones no de Ley, comparecencias, etc.
• COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN: El Parlamento está constituido por una serie de órganos que garantizan el adecuado funcionamiento de la institución. Estos órganos son:
Presidente
El presidente es la figura clave de la institución, puesto que, además de representarla, se convierte en el garante de la adecuada marcha de sus trabajos. El Presidente, máximo representante de la Institución, dirige el devenir de las sesiones, estableciendo y manteniendo el orden de los debates, y haciendo cumplir el Reglamento de la Cámara, ejerciendo el arbitraje en caso de duda. Su elección corresponde al Pleno del Parlamento.

Mesa
Se trata del órgano rector colegiado encargado de asegurar el correcto funcionamiento institucional, teniendo el cometido de la dirección administrativa de la misma. Sus miembros son elegidos por el Pleno. Está compuesta por el Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, encargados de la supervisión y autorización de las actas de las sesiones, que son redactadas por el Secretario General y Letrado Mayor, que actúa como asesor de la Mesa. La Mesa organiza la programación de las sesiones y admite a trámite las diferentes iniciativas parlamentarias.

Junta de Portavoces
La dirección política de la institución descansa en un órgano formado por el presidente y los representantes de cada formación parlamentaria. La Junta de Portavoces constituye, por tanto, el órgano de representación política de la Cámara. Compuesta por el Presidente y los respectivos Portavoces de cada uno de los Grupos Parlamentarios. A sus sesiones asisten, además, un representante del Gobierno y el Secretario General-Letrado Mayor. Es la Junta la que organiza el Orden del Día de los Plenos. Cada Portavoz tiene una fuerza de voto proporcional al número de diputados del grupo que representa.

Diputación Permanente
Está formado por diputados que constituyen este órgano que ostenta los poderes del Parlamento de Cantabria fuera de los periodos de sesiones o una vez disueltas. La preside el Presidente de la Cámara y la forman, además, el resto de miembros de la Mesa y un número de diputados fijado por la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces.

Pleno
El pleno es el órgano supremo sobre el que gira el Parlamento de Cantabria que reúne a los treinta y nueve diputados elegidos por el pueblo cántabro. Corresponden al Pleno la toma de decisiones en materia de aprobación de Leyes, y la elección o censura del Presidente de la Comunidad Autónoma, a la par que es el foro de debate político por excelencia. Su convocatoria corresponde al Presidente, por propia iniciativa o bien por solicitud de, al menos, dos Grupos Parlamentarios, o de una quinta parte de los diputados.

Las sesiones, dirigidas por el Presidente de la Cámara, suelen ser públicas y se permite la asistencia a los medios de comunicación. La Cámara publica un Diario de Sesiones con la transcripción de lo sucedido en las mismas. Los períodos ordinarios de sesiones se desarrollan entre septiembre y diciembre, y entre febrero y junio. El resto de los meses sólo pueden celebrarse sesiones extraordinarias.

Comisiones
Los diputados se reúnen en una serie de grupos de trabajo sectoriales de carácter permanente para facilitar el trabajo parlamentario. Las Comisiones Parlamentarias: se organizan Comisiones constituidas por un número más o menos reducido de diputados, que preparan, por delegación de la Mesa, los asuntos que posteriormente se tratarán en el Pleno. Estas Comisiones contribuyen a un funcionamiento más fluido del trámite parlamentario. Las Comisiones se componen en función de la proporcionalidad existente en la Cámara. Es cada Comisión quien elige Presidente, Vicepresidente y Secretario. Hay Comisiones Permanentes -constituidas para toda la Legislatura- y no Permanentes -constituidas eventualmente para asuntos concretos y posteriormente extinguibles


Las Comisiones Permanentes del Parlamento
Son las siguientes: Empleo y Bienestar Social, Industria y Desarrollo Tecnológico, Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Presidencia y Justicia, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,  Economía y Hacienda, Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Deporte, Educación, Sanidad, Reglamento, Estatuto de los Diputados y Diputadas y Peticiones.
Devenir político del Parlamento de Cantabria.
En el año 20011 se ha iniciado la VII Legislatura habiendo tenido a su frente seis presidentes pertenecientes a cinco distintos grupos políticos: Isaac Aja Muela (1982-83, UCD); Guillermo Gómez Martínez-Conde (1983-87, PP); Eduardo Obregón Barreda (1987-90, PRC) Adolfo Pajares Compostizo (1990-1999, PP); Rafael de la Sierra González (1999-2003, PRC) y Miguel Ángel Palacio García (2003-11, PSOE).  En esta legislatura, el elegido por la Cámara fue el popular José Antonio Cagigas.
En la presente Legislatura existen tres Grupos Parlamentarios, por este orden: Popular (20 escaños); Regionalista (12 escaños) y Socialista (7 escaños).

EL PARLAMENTO Y EL 25 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Con motivo de la celebración en 2006-2007 del XXV aniversario del Estatuto de Autonomía, el Parlamento procedió a organizar una treintena de actos, cuya celebración se concretó entre el mes de octubre hasta febrero de 2007.  Según el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio, el objetivo de esta conmemoración se centró, por un lado, en "fomentar la identidad regional", para que los ciudadanos "conozcan mejor nuestra historia y cultura"; y, por otro, en "mejorar el conocimiento" de las instituciones autonómicas.

Para ello, la Cámara impulsó alrededor de una treintena de actividades, relacionadas con la cultura o la prensa, así como exposiciones, publicaciones, concursos o encuentros en la sede parlamentaria. El máximo responsable del Legislativo aseveró que las actividades desarrolladas partieron en buena parte de "sugerencias" procedentes, entre otros, de asociaciones, Universidad, Casas de Cantabria, artistas y personas "de la cultura", alcaldes o ex-diputados. En este sentido, Palacio señaló que había remitido a principios de año cerca "de un millar" de cartas, en las que solicitaba la colaboración de instituciones y entidades para confeccionar el programa de actos de conmemoración de la efemérides.
 
Programa de actos Entre los actos destinados a fomentar la identidad regional, la Cámara firmó dos convenios, con "Editorial Cantabria" y la Universidad de Cantabria y con "Campresa, editora de Alerta. El primero de ellos sirvió para la divulgación de la historia de la Comunidad Autónoma en fascículos (y posterior confección en tomos); y el segundo para dar a conocer el proceso preautonómico a partir de documentos fundamentales seleccionados mediante un acuerdo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En el apartado de debates y conferencias, en enero de 2007 se celebraron unas jornadas sobre municipalismo, en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). Además, la "Cátedra Cantabria" de 2007 se dedicó a estudiar el debate territorial y el futuro del Estatuto, así como los 25 años de vigencia de la norma fundamental de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las exposiciones, en febrero de 2007 se exhibió una muestra fotográfica de archivos de la agencia EFE, sobre "25 años de historia de la región". Para conmemorar los 20 años de inauguración de la sede parlamentaria se organizó, además,  otra exposición, bajo el epígrafe de "El Parlamento visto por el ojo de los fotógrafos". Asimismo, se realizó un concurso de pintura sobre "Paisajes de Cantabria", con la posterior exhibición de las obras que concurran.

Publicaciones y Concursos
 
En lo que se refiere a publicaciones, se procedió a la edición de una "Antología de poesía de Cantabria 25 años", un "Cd de música de Cantabria 25 años", la segunda parte del "Diccionario biográfico", una reedición del "Catálogo de obras de arte del Parlamento", una actualización del "CD legislativo 25 años", un "Almanaque 2007" (formado por instantáneas de 13 fotógrafos), así como catálogos de exposiciones. También se celebró a propuesta del Consejo de la Juventud, un "pleno joven" en el que se debatió sobre el Estatuto de Autonomía. Además, se organizó un encuentro con jóvenes y un concierto en el patio de la Cámara regional.
 
En el apartado de concursos, se programaron uno de dibujo para escolares; otro de periodismo (dotado con 3.000 euros); y otro de investigación, dirigido a alumnos universitarios (1.000 euros de premio). Además, se insertó un "spot" publicitario del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía, en prensa, radio y televisión.

Cena-Recepción

También se celebró una cena-recepción con ex-parlamentarios en los 25 años de autonomía de Cantabria, que tuvo lugar el 15 de diciembre, fecha en que las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

El acto institucional del aniversario del Estatuto tuvo lugar el 1 de febrero de 2007, celebrándose el domingo 4 de febrero  una jornada de puertas abiertas en la sede parlamentaria, con regalo de metros de bandera de Cantabria y de España a los ciudadanos. Se encargó la realización de un tapiz conmemorativo del aniversario del texto estatutario, que recoge la imagen de la tablilla de la arqueta de San Millán, que contiene "la descripción de este santo predicando a los cántabros" y que, según dijo el Presidente, Miguel Ángel Palacio, constituye "una referencia histórica de Cantabria".

Al mismo tiempo, se proyectó un ciclo de cine, con exhibición de películas de directores cántabros, que se hayan rodado en la región, o que contengan una temática parlamentaria. En lo que se refiere al fomento de los deportes autóctonos, se celebró un acto con la Federación Cántabra de Bolos y la promoción de la edición de la regata de traineras "Bandera Sotileza".

Asimismo, a propuesta de la Consejería de Educación, se impartirán unas jornadas didácticas, coordinadas por el Centro de Innovación Educativa y Formación del Profesorado (CIEFP) de Santander y dirigidas al profesorado, para dotar a este colectivo de recursos didácticos para explicar al alumnado el Estatuto de Autonomía. (Información facilitada por Europa-Press)

José Ramón Saiz Fernández
Académico C. de la Real Academia de la Historia
y Doctor en Periodismo

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